Las vacaciones de los funcionarios

En los últimos años, los responsables políticos de la comunidad autónoma en la que trabajo han tenido la generosidad con su personal de disminuir la jornada laboral de 37,5 horas semanales a 35 horas, además de sumar a los 30 días de vacaciones y seis de libre disposición anuales que disfrutábamos, otros tres más, y un número variable (entre uno y cuatro) en función de la antigüedad. Haciendo un cálculo a la baja, sólo en mi hospital, en el que trabajamos 3.364 personas, necesitaríamos 266 personas más para cubrir las horas obsequiadas.

Como es obvio, no se ha producido el incremento proporcional de personal para realizar las funciones que se venían prestando, ni tampoco ha disminuido el trabajo. El resultado es que trabajamos unos días menos al año, pero el resto del tiempo lo hacemos sometidos a una presión mucho mayor, y con más dificultades para organizar las actuaciones normales con la calidad necesaria. ¿Merecía la pena este regalo?

Se me ocurre que si estas cifras son extrapoladas al total de trabajadores públicos de mi comunidad supuestamente beneficiados, el resultado es escalofriante, tanto que uno no puede evitar plantearse qué presiones o intereses hay por medio.

Quizás este tipo de decisiones no altere el ámbito de trabajo de quien las toma, pero puedo asegurar que en los centros sanitarios, que están sujetos a una actividad muy importante, con listas de espera en casi todas las especialidades, sí que tienen trascendencia.