El PSOE avanza en el pacto de la ley de memoria con todos menos el PP y ERC

El rompecabezas de la ley de memoria histórica se amplió ayer aún más por el interés del PSOE y de los principales negociadores en incorporar a más grupos. Las posiciones están ya claras y el acuerdo muy próximo -las diferencias son de interpretación-, pero todos miran a los demás. El PSOE no quiere sacar la ley sin CiU y PNV. CiU se niega a pactar -aunque tiene el texto casi cerrado- si el PNV no se incorpora. Éste, a su vez, quiere que estén todos menos PP y ERC, que se autoexcluyen. Por eso, ayer las negociaciones se ampliaron a BNG y a otros partidos del Grupo Mixto.

En la negociación más compleja de la legislatura -sólo comparable al Estatuto catalán- todo el mundo se mira de reojo. Las cuestiones de contenido están ya tan claras que falta sólo una decisión política de cada uno de los interlocutores de ceder una parte mínima de sus posiciones. El PSOE ha descartado por completo la posibilidad de sacar adelante la ley sólo con IU-ICV, el único grupo con el que alcanzó un pacto que dio un vuelco a la ley en abril. Desde entonces, los socialistas trabajan para incorporar a CiU y PNV, para contrarrestar la idea de que una ley pactada sólo con la izquierda podría ser una norma sesgada, no de consenso. Las conversaciones entre Josep Antoni Duran y Diego López Garrido y el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño -que ayer continuaron-, han llegado a un punto claro en el contenido: acuerdo prácticamente definitivo, a la espera de lo que diga IU-ICV sobre alguno de los puntos, especialmente el de la condena a los jurados populares que ordenaron fusilamientos de manera incontrolada en la zona republicana.

El apoyo de CiU está muy cercano, pero falta un tramo. Los nacionalistas catalanes, históricos aliados del PNV, exigen que los nacionalistas vascos se incorporen. López Garrido y Josu Erkoreka, portavoz nacionalista, se han intercambiado papeles en los últimos dos días y se han visto en dos ocasiones para negociar el apoyo del PNV tanto a la memoria histórica como al cheque-bebé. La decisión está ahora en manos del Euskadi Buru Batzar (la ejecutiva del partido), que tiene desde el martes el documento con lo que ofrece el Gobierno.

Los nacionalistas creen que podrán apoyar toda la ley menos la parte referente al Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, ya que ellos exigen la devolución a Euskadi de los papeles del Gobierno vasco entre 1936 y 1939. En la negociación con Erkoreka se lograron nuevos avances en aspectos como la política de archivos o de fosas que están pendientes de concretar en nuevos documentos.

Pero más que el contenido, lo que le preocupa al PNV es quién apoya la ley. La norma ha sido muy criticada, por suave, entre las asociaciones de represaliados del franquismo, también en el País Vasco. Para asumir las críticas que seguramente llegarán, tanto los nacionalistas como CiU -que tiene el problema de que Jordi Pujol se ha pronunciado en contra de legislar sobre este asunto- quieren tener la garantía de que no van a estar solos. La idea es que sólo queden fuera del acuerdo el PP, que se opone radicalmente a la ley, y ERC, que exige la anulación de los juicios del franquismo. Serían, dicen los negociadores, sólo los dos extremos del Congreso.

En las conversaciones que ayer por la mañana mantuvo López Garrido con los portavoces de los tres principales grupos afectados (CiU, PNV e IU-ICV) todos llegaron a la conclusión de que había que incorporar a otras formaciones, especialmente el BNG, tradicional aliado nacionalista de CiU y PNV, antes de dar por cerrado el acuerdo. López Garrido hizo así llegar ayer a Francisco Rodríguez, el portavoz del BNG, el documento con la oferta final del Gobierno que contempla modificaciones incluidas en las últimas semanas después de las negociaciones a tres bandas -sobre todo con IU-ICV y CiU-. El tiempo apremia, y los socialistas le han pedido una respuesta rápida.

El BNG, a favor

Rodríguez se muestra dispuesto a apoyar la ley, aunque cree que podría mejorarse y quiere consultar también con sus expertos dentro del BNG y de asociaciones gallegas de antifranquistas. El tiempo apremia, pero el PSOE también busca ahora el acuerdo de otros partidos como CHA, Na-Bai o Nueva Canaria, todos ellos en el Grupo Mixto. La sensación que cunde entre todos los negociadores es que lo difícil ya es el desacuerdo, porque se está trabajando con ahínco todos los días.

Varios de estos negociadores comentaban ayer que, al margen de que la ley no sea tan perfecta como les gustaría, está pesando un argumento de fuerza: la legislatura se agota y, probablemente, sea la última oportunidad de aprobar una ley sobre un asunto tan delicado. Si no sale ahora, los socialistas no lo intentarían una segunda vez, creen los nacionalistas y la izquierda. Y la ley, recuerdan, está pensada sobre todo para honrar la memoria de las víctimas de Franco y sus familiares. Muchos de ellos son octogenarios, y por tanto ésta puede ser su última oportunidad para ver aprobado ese reconocimiento. Por eso, y porque ven voluntad de acuerdo en el Gobierno, creen que saldrá. Aún así, el PSOE siempre apostilla: "No a cualquier precio".