El Consell busca salir del lío con una cortina de humoPons tacha de "reprobable" la reforma del Estatut que él y Camps asumieron

El PP es capaz de proponer una cosa y la contraria sin ningún rubor. Ayer el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas publicó una iniciativa parlamentaria popular que tacha de "reprobable" la inclusión en los Estatutos de autonomía de disposiciones que condicionen la financiación del Estado. Esta es la misma fórmula que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aceptó en sede parlamentaria el pasado jueves y que su portavoz en Cortes, Esteban González Pons, concretó en una proposición de ley de reforma del Estatut. Iniciativa que no prosperó ante la negativa socialista.

No hay marcha atrás. Los populares han decidido seguir adelante con el argumentario previsto, aunque sea a trancas y barrancas, después de que Camps -igual que el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, con los suyos- disparase las alarmas en la dirección nacional del PP. Un PP estatal que, como el PSOE, no quiere oír hablar ni en broma de reformar un Estatut que se aprobó hace solo un año. Y menos en vísperas de las elecciones generales, cuando ambos partidos han pactado ya en el Congreso de los Diputados el calendario de las reformas estatutarias en trámite. Ante la situación generada, que el jueves llevó al Consell a aceptar una reforma exprés del Estatut, el PP busca ahora salir del lío con una cortina de humo. Y para ello cuenta con la eficacia del portavoz, Esteban González Pons, que es consciente de que tendrán que defender a contrapelo la semana próxima la iniciativa sobre los PGE. Pero sobre todo, el Consell ha decidido concentrar ahora su artillería política sobre los socialistas, utilizando como percha una iniciativa parlamentaria para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta iniciativa, que presumiblemente se aprobará en las próximas semanas en las Cortes Valencianas, no tiene posibilidades de prosperar, más allá de su registro en el Congreso de los Diputados. Una Cámara que trabaja contrarreloj para sacar adelante parte de las decenas de proyectos legislativos del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, que disolverá las Cortes Generales el próximo mes de enero. El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, anunció ayer la tramitación "de manera inmediata" en las Cortes Valencianas de la iniciativa legislativa para modificar la LOFCA. Aunque la mayor parte de su intervención la destinó a criticar a Pla, por "arrodillarse" ante el PSOE y no sumarse "a una propuesta que puede permitir que nuestra Comunidad tenga una distribución de inversiones similar a otras autonomías".

Por su parte, el PSPV intentó recuperar su argumentario sobre la bondad de los presupuestos y las inversiones del Gobierno. Mientras, Esquerra Unida aprovechó lo sucedido para recalcar que el Estatut "se cerró tarde y mal".El Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (BOCV) puso ayer en evidencia la improvisación y las contradicciones en el seno del Consell, pillado a contrapié por unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008 que incrementan en un 25% la inversión estatal en la Comunidad Valenciana.

En su número de ayer, el órgano oficial del Parlamento publica una proposición no de ley del Grupo Popular para que se inste al Gobierno a que en los PGE de 2008 corrija "la discriminación constante" y se incremente la inversión y el gasto corriente por habitante hasta alcanzar la media nacional. La iniciativa parlamentaria está firmada por el portavoz González Pons el pasado día 3 de septiembre y está previsto que se discuta como primer punto del orden del día en el pleno de las Cortes que se celebrará el próximo miércoles 3 de octubre.

La iniciativa popular -registrada antes de que el Gobierno aprobase los PGE de 2008- afirma en su exposición de motivos que la Comunidad Valenciana ha sido discriminada reiteradamente en los presupuestos del Gobierno socialista. Y tras asegurar que "esta discriminatoria e injusta situación debe cambiar", añade: "Es cierto que algunos estatutos de autonomía han preferido acudir a la redacción de algunas disposiciones, contradictorias entre sí y cuestionadas ante el Tribunal Constitucional, que tratan de hacer prevalecer un tratamiento inversor privilegiado o, cuanto menos, preferente, en sus respectivos territorios".

"Esta es una vía reprobable", afirma el texto del PP, que prosigue: "Las disposiciones antes citadas sólo contribuirán a generar nuevos agravios comparativos y nuevas discriminaciones que harán revivir viejas y estériles polémicas".

Este jueves, el mismo portavoz popular -por indicación del jefe del Consell- firmó una proposición de ley de reforma del Estatut que finalmente no se registró por la negativa socialista a entrar en el juego del PP.

La redacción de esta proposición popular asevera: "El Estastut no recoge una disposición que garantice una inversión estatal mínima en el territorio valenciano, disposición que sí existe en otros Estatutos que, igual que el valenciano, tuvieron un amplio apoyo parlamentario, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, respondiendo plenamente a lo exigido en el consenso constitucional".

Esta segunda iniciativa, que acabó en el cesto, reclama la inclusión de una disposición adicional quinta en el Estatut, cuyo punto 2 dice: "La inversión destinada a la Comunidad Valenciana será equivalente al peso de la población valenciana sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años".

Esta disposición adicional está calcada de la existente en el nuevo Estatuto andaluz, que la Generalitat recurrió ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que el alto tribunal se negó a admitir a trámite por "extravagante".

El Ejecutivo que preside Francisco Camps tiene recurrido el Estatuto catalán también por una disposición relativa a la financiación, aunque no así el Estatuto de Baleares -impulsado por el ex presidente popular Jaume Matas- con una cláusula similar.

La posición de Camps y los populares valencianos ha colocado en un nuevo aprieto al presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, que ya tuvo que enfrentarse a la decisión del Consell de recurrir el Estatuto andaluz ante el Constitucional.

Ayer Arenas tuvo que hacer malabarismos para hacer ver que ambos comparten el mismo argumentario y sustentar las críticas a los gobiernos de Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero. "Camps coincide conmigo en que es una barbaridad repartir las inversiones del Estado en función del PIB", dijo Arenas, que añadió que él y el jefe del Consell "están convencidos de que nos han intentado tomar el pelo a todos los andaluces y, de forma muy principal, a los cordobeses", informó ayer Europa Press.