Un tribunal ordena cerrar un mes un 'piso patera' por el trajín de inquilinos y ruidos

La Audiencia de Madrid ha dictado una novedosa sentencia en la que ordena precintar durante un mes un piso patera del barrio madrileño de Usera. El tribunal prohíbe al dueño y a todos los inquilinos -ha habido épocas en que residían dentro y hacinadas más de 15 personas, en apenas 68 metros cuadrados- que usen la vivienda durante 30 días. El cierre del piso fue instado por la comunidad de vecinos, harta del trajín de personas, casi todas extranjeras, que entraban y salían de allí a todas horas. La comunidad había interpuesto 30 infructuosas denuncias en los últimos años.

Ricardo Ayala, el abogado que ha defendido a los vecinos del bloque donde estaba este piso patera, señala que esta sentencia es un aviso a los dueños de viviendas que se lucran alquilándolas a extranjeros en condiciones indignas y de hacinamiento.

La medida acordada por la Sección Civil 20 de la Audiencia de Madrid está amparada en el artículo 7,2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta norma permite "el cese del uso" de un inmueble o actividad si el presidente de la comunidad, tras una junta de propietarios debidamente convocada, así lo pide y acredita ante los tribunales.

En Madrid hay cientos de pisos patera: viviendas en las que, en pocos metros cuadrados, se hacinan hasta 20 personas que duermen en el suelo o en literas de hasta tres alturas instaladas en pequeñas habitaciones, explica Ayala. "Se llaman pisos patera porque sus inquilinos, habitualmente inmigrantes y con escasos recursos, los utilizan durante periodos cortos hasta que encuentran un trabajo o les llaman para campañas agrícolas fuera de Madrid", describe.

Las 10 familias del bloque número 6 de la calle de Radio, situada en Usera, uno de los barrios de Madrid con mayor población inmigrante, ya no aguantaban más. Durante años vivieron tranquilamente en sus casas. Hasta que hace unos siete años, uno de los vecinos, el del 2º B, Pablo B. G., se marchó del bloque y alquiló la casa a Antonio G. M. Y éste, a su vez, empezó a subarrendarla, sin contención alguna, por cantidades de entre 200 y 300 euros, a otras personas. La mayoría, inmigrantes.

A partir de ahí, según la demanda que ahora ha estimado parcialmente la Audiencia de Madrid, la convivencia se convirtió en un calvario: "Ruidos constantes, suciedad en las escaleras, peleas, filtraciones de agua de las que nadie se hacía responsable...". Los vecinos protestaban porque las escaleras, por la mañana y de madrugada, eran un ir y venir de personas diferentes que estaban una semana o un mes y a las que luego no se volvía a ver, y que eran sustituidas por otras, y así sucesivamente. Personas a las que les facilitaban llaves de la puerta de acceso al portal y de la vivienda en cuestión.

Las 10 familias del bloque no sabían qué hacer. Y las reuniones de la comunidad pidiendo soluciones quedaban en papel mojado. Salvo esta última demanda, en la que, después de tres años de pleitos, la Audiencia de Madrid les ha dado la razón, las demás denuncias quedaron en nada. Durante estos últimos años, los vecinos han presentado 30 denuncias por estruendos y desórdenes. Ahora, por fin, la Justicia ha actuado.