Europa, a mitad de camino...

La Conferencia Intergubernamental (CIG), el método clásico para preparar los Tratados de Reforma europeos, acaba de superar la mitad de su camino, en un silencio clamoroso si se compara con la luz y taquígrafos de la Convención que redactó el Tratado Constitucional. El Gymnich, reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de Viana do Castelo, ha sido la primera oportunidad -es de temer que sea la única- para los representantes del Parlamento Europeo de intervenir en el trabajo en curso del grupo de juristas sobre los proyectos de Tratados, antes de que se concluya por la vía rápida.

El Parlamento abrió la puerta al acuerdo del Consejo Europeo de junio para convocar esta CIG con el Informe que elaboré con mi colega Elmar Brok, del PPE, que obtuvo un apoyo del 75% de los votos, así como el rápido dictamen conforme a su convocatoria. No hemos ocultado que este paso representa un sacrificio político que compartimos con la mayoría de Estados y ciudadanos de la UE que habían ratificado ya el Tratado Constitucional. Si lo hemos dado es para poder seguir avanzando todos juntos en el sugestivo proyecto histórico de la Unión Europea en la línea de la Declaración de Berlín.

El acuerdo que permitió superar la crisis consiste, en esencia, en reemplazar el Tratado Constitucional como coronación de un proceso por una reforma de los existentes en dos Tratados, incorporando como enmiendas las innovaciones contenidas en el mismo. A tal efecto, el Consejo de Junio aprobó un prolijo y minucioso mandato que contenía todas las instrucciones de lo que se debía hacer. Como siempre en estos casos, no se trata de una simple acción mecánica de recortar y pegar, sino que el ingenio humano, y más si se trata de expertos juristas, produce auténticas filigranas. Piénsese en el juego que ha dado durante más de tres milenios un mandato tan preciso como los Diez Mandamientos desde que Moisés los bajó del monte Sinaí.

No va a ser tarea fácil explicar a la ciudadanía el resultado de estos cambios. Desde luego, no parece que el mejor método sea afirmar de modo panglosiano que no ha cambiado nada, apenas algunos detalles formales, porque todo ha sido vertido a los nuevos Tratados. Si, como afirman los biólogos, el ser humano y la mosca comparten más del 90% del ADN, y es evidente que el resultado no es el mismo, en este caso el texto resultante es para iniciados.

En particular, hay dos cuestiones pendientes que constituyen para el PE conditio sine qua non:

- La ciudadanía de la Unión, que figura en el Tratado de la Unión desde Maastricht, por lo que se trata de un concepto clave ratificado reiteradamente por los 27 Estados. El mandato eliminó al ciudadano del artículo 1°, regresión que no nos gustó nada, pero lo que es inaceptable es la desaparición del concepto de ciudadanía, pilar fundamental de la UE del título I del TEU, "democracia", lo cual lleva al resultado absurdo de que el Parlamento Europeo representa al ciudadano europeo, pero no se sabe quién es este tipo de "animal político", por decirlo con Aristóteles.

Nuestra posición es respetar la definición existente en los Tratados en vigor.

- La Carta de Derechos Fundamentales, que tiene entidad constitucional propia como fruto de la Primera Convención, y no puede ser reducida a una declaración -¡además, la número 11!- ni a un protocolo. La Carta tiene entidad propia -es la carta-, debe ser proclamada de modo solemne por las tres Instituciones antes de la ratificación y publicada en el Diario Oficial, serie L. Además, será seguramente el único texto que se podrá presentar y explicar de modo satisfactorio a los ciudadanos europeos, por lo que habría que publicarlo tras el Preámbulo.

En relación con la Carta, el Parlamento hace una propuesta constructiva sobre el Protocolo 7° (que excluye de la aplicación de la Carta al Reino Unido, y al que se quiere añadir Polonia) para permitir su derogación unilateral, es decir, que de la exclusión de su aplicación al país en cuestión se pueda pasar a la inclusión sin necesidad de la ronda de ratificaciones. Con ello respondemos positivamente al histórico paso dado por el Gobierno de Brown, consistente en el envío al Parlamento británico en julio del libro verde sobre The Governance of Britain (La Gobernanza de Gran Bretaña), en el que defiende la idea de ciudadanía y de Constitución escrita para el Reino Unido, con un claro reconocimiento de la importancia de los derechos que la ciudadanía europea concede a los británicos, entre otros, a elegir o ser elegidos alcaldes en España.

Otros puntos de preocupación son los intentos de retroceder en la Política Exterior y de Seguridad Común o en la Justicia y Asuntos Interiores hacia posiciones intergubernamentales, con el intento solitario de Polonia de incorporar el compromiso de Ioannina al Tratado.

Por parte del Parlamento, están muy avanzados los trabajos de preparación del complicado Informe sobre la distribución de escaños del PE, que esperamos esté aprobado para la Cumbre informal de Lisboa.

En conclusión, el PE mantiene intacta, con la mayoría de Estados y ciudadanos europeos, la voluntad política de reforzar Europa con los Tratados de Reforma, a condición de que se rectifiquen los retrocesos que los convertirían en Tratado de Contrarreforma. Tras conseguir la aprobación por el Consejo de Lisboa en Octubre, tenemos que actuar con la máxima diligencia y coordinación en el proceso de aprobación y ratificación para que los Tratados estén en vigor en tiempo y forma. Para ser solidarios, convendría que esta vez empiecen los que no se han pronunciado hasta ahora o tuvieron problemas. Por nuestra parte, trabajaremos para lograr los Tratados de Reforma más aceptables, pero no renunciamos a seguir construyendo esta creación continua, para coronar nuestro proyecto común, una Unión Europea fuerte y democrática.

Enrique Barón Crespo es europarlamentario socialista y ex presidente del Parlamento Europeo.