Los partidos se culpan mientras el mundo judicial clama por la renovación del gobierno de los jueces

Las disensiones en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial acapararon ayer la ceremonia de apertura de Tribunales presidida por el Rey, en la que los partidos volvieron a culparse de la situación de bloqueo que afecta al organismo.

El fiscal del Estado propone reformar la Audiencia Nacional y dice que seguirá en su cargo mientras se lo permitan

La protesta de Jueces para la Democracia quedó descafeinada, aunque no asistieron una quincena de magistrados del Supremo

Zapatero achaca al PP un "plantón sistemático" y Rajoy le acusa de cambiar las "reglas del juego" con los nacionalistas

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero achacó al PP haber dado un "plantón sistemático" a la renovación del Consejo, al ser preguntado por la decisión de magistrados progresistas de no asistir al acto de apertura. El presidente recordó que cuando era líder de la oposición facilitó un acuerdo para formar el actual Consejo que se correspondía con la mayoría política que en ese momento había en el Parlamento. Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, acusó a los socialistas de haber cambiado las reglas del juego con ayuda de los nacionalistas.

La expectación se centró ayer en torno a la anunciada protesta de Jueces para la Democracia de no asistir al acto, que quedó un tanto descafeinada por la presencia de afiliados a esa asociación con cargos de representación institucional, entre ellos vocales del Poder Judicial y presidentes de tres tribunales superiores, así como magistrados progresistas del Supremo.

El representante oficial de la asociación, Jaime Tapia, no asistió, como tampoco lo hicieron una quincena de magistrados del Supremo del sector progresista, aunque distintas fuentes ofrecieron versiones dispares sobre si se trataba de un plante al presidente Hernando o los ausentes no habían podido asistir. También estuvieron presentes representantes de los partidos con representación parlamentaria, excepto IU y ERC. En contra de lo previsto inicialmente, asistieron el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, y los cargos parlamentarios de Justicia socialistas. El secretario general del PP, Ángel Acebes, arremetió contra el PSOE por su "amago de boicot" que según él "han tenido que rectificar".

La polémica en torno a la renovación del Consejo no pasó desapercibida al presidente del Consejo, Francisco Hernando, quien reclamó el necesario acuerdo parlamentario que permita renovar el organismo. "Mientras ese acuerdo llega, quiero dejar constancia de que ese Consejo seguirá desempeñando en plenitud y plena normalidad de ejercicio las competencias que tiene legalmente atribuidas", afirmó. El Consejo, no obstante, atraviesa un periodo de interinidad en el que se aplazan proyectos de actuación y tiene pendientes de cubrir siete vacantes en el Tribunal Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Galicia.

El presidente del Supremo abrió el Año Judicial por sexto año consecutivo con un discurso dedicado a los "nuevos derechos" o "derechos de última generación", en el que varios magistrados apreciaron una subrepticia postulación de Hernando al Tribunal Constitucional, donde ahora se encuentran sus dos predecesores en el cargo. Entre dichos derechos citó el "derecho al medio ambiente", el derecho "a una buena administración", a la "autodeterminación informativa e informática", al "consentimiento informado en el ámbito sanitario y al testamento vital" y "el derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte".

En otro momento destacó el incremento experimentado por la litigiosidad judicial en 2006, año en el que se incoaron 8.043.809 procedimientos, 315.110 más que el año anterior.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró durante su discurso de apertura que la Fiscalía de la Audiencia Nacional batió en 2006 "todas sus marcas de actividad" en la persecución de los crímenes de ETA. Insistió en que durante ese año, y a pesar del "alto el fuego" declarado por la banda terrorista, se celebraron 80 juicios en los que fueron condenados 115 activistas. También se formuló acusación contra 64 yihadistas, en su mayor parte por actividades preparatorias de atentados. Conde-Pumpido destacó que, tras hacerse celebrado el juicio del 11-M, "los españoles podemos sentirnos orgullosos de un sistema judicial que ha logrado cumplir ese objetivo".

El fiscal del Estado propuso una reforma de la Audiencia Nacional para la especialización funcional interna de sus Salas, que ahora abarcan competencias tan distintas como terrorismo, narcotráfico y grandes delitos económicos. El fiscal del Estado destacó el "retroceso notable" del número de causas por delitos violentos (asesinatos, homicidios, lesiones, etcétera). Al término del acto, Conde-Pumpido manifestó que no tiene "ninguna intención" de dimitir de su cargo como había sugerido algún medio informativo y seguirá en el mismo mientras se lo permitan, y menos ahora que se está tramitando el Estatuto del Ministerio Fiscal.