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Columna
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Para que te fíes

El mismo día en que aterrizaban en Madrid (España) los dos osos panda concedidos en usufructo por la República Popular China tras la visita de los Reyes a ese país -como muestra de buena voluntad y de los mejores deseos de colaboración entre estos dos grandes países, plasmados también en la autorización para exportar a aquel gran mercado asiático el jamón de bellota-, en Lizartza, pequeña localidad de Guipúzcoa (Estado español) se fraguaba un nuevo conflicto a cuenta de la bandera española y la ikurriña. Sólo al día siguiente de que su valiente alcaldesa, Regina Otaola, izara orgullosamente la bandera -se le notaba en la foto esa felicidad- le pusieron los borrokas, con globos y otros artilugios propios de txosna de festejos populares, un gran cartel con la nuestra, "geurea", tapando la rojigualda.

En este mismo día que llegaban los pandas, ha vuelto al pueblo la alcaldesa indignada, rodeada de ertzainas, que supongo se harán los desentendidos si la autoridad local dice que le quiten el cartel que tapa la bandera. Porque al fin y al cabo ellos tampoco tienen mucho que decir en cosas de banderas, que son unos mandados. Pues ni en su cuartel tienen la bandera española, ni en su academia, y ni siquiera el lehendakari, que es el que les manda, la tiene en su residencia, a pesar de la sentencia reciente del Supremo para que la ponga. No sé cómo se las va a arreglar la alcaldesa en un país que es un desmadre. No les falta cierta razón a los vecinos radicales de Lizartza, pues, si el lehendakari no la pone, por qué ellos la van a tener que soportar, que todos somos el mismo pueblo en marcha o en la misma marcha. Ahora a ver cómo se las arregla la alcaldesa para cumplir con la legalidad; intención se ve que no le falta. Lo más probable es que los otros cumplan con la ilegalidad, que en muchos aspectos sustituye en Euskadi a la legalidad sin que pase nada. La cuestión es no crispar, y yo que ella no me fiaría ni de la legalidad.

La legalidad aquí es unas veces sí y otras no, no exageremos. Hay ámbitos para la legalidad y otros más discutibles; hay veces que se autoriza una manifestación y otras que, teniendo el mismo eslogan y la misma justificación, no se autoriza; depende de una excesiva lectura política de las circunstancias. Es evidente que para pagar los impuestos al ciudadano normal se aplica la legalidad y basta -incluso te pueden embargar la cuenta bancaria si no pagas los impuestos y tasas municipales-; pero en otras cuestiones, no. Así que, como ya hemos acabado la negociación con ETA y algunos se han puesto pesados, la Ertzaintza se aplicó en el Boulevard de San Sebastián y la batalla acabó con bastantes heridos. No salieron gratis, como en otras ocasiones, los empujones a los guardias. No debió fiarse Juan María Olano de otros episodios anteriores en los que la Ertzaintza daba cuartelillo. Su aquilatada experiencia política tendría que haberle llevado a prever -y supongo que lo hizo- que ya no estamos en el proceso y que, probablemente, la poli se tomaría muy mal los empujones y acabaría utilizando las porras. Ahora bien, si en este país estuviera más claro lo de la legalidad y la ilegalidad, muy probablemente no se estarían dando situaciones como estas.

Y por primera vez les voy a pedir que se fíen de un ministro. Al menos, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba habla de las malas intenciones de ETA de atentar cuando pueda. Háganle caso, aunque se ponga, quizás, alarmista. Por mucho que se avise previamente, es muy difícil asegurar que no haya daños personales cuando se pone un coche bomba con la enorme capacidad explosiva del colocado ante la Delegación de Defensa en Logroño. No hay más que recordar la desgraciada experiencia del aparcamiento de la T-4 de Barajas.

Supongo que el ministro lamentará que le tenga que dar la razón respecto a sus malos augurios. A ETA le está costando más que en otras ocasiones demostrar que el culpable de la ruptura del proceso es el Gobierno, y esto le va a impulsar de una forma especial a hacer lo único que sabe hacer. No nos fiemos.

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