Medina defiende ante el juez la legalidad de una remodelación en Orihuela

El ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, aseguró ayer ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de que todos los acuerdos tomados por el Ayuntamiento "han estado respaldados" por informes técnicos emitidos en el "momento procedimental oportuno". Medina declaró ayer, al igual que otras tres personas, en calidad de imputado en relación con los supuestos sobrecostes de 3,5 millones de euros en las obras de remodelación de la glorieta Gabriel Miró de Orihuela, realizadas en 2002. El ex alcalde aseguró que actuó "en la más estricta legalidad" y aseguró que el fiscal no realizó ninguna pregunta ni referencia sobre los presuntos sobrecostes.

"No se pueden poner más filtros y si se busca lo que no existe, nunca se podrá encontrar", defendió el ex alcalde de Orihuela horas después de declarar. Medina defendió que el Ayuntamiento se limitó a defender "el interés general" en la adjudicación de la obra.

Junto a Medina testificaron ayer el que fuera concejal de Infraestructuras en la legislatura 1999-03, Jesús Roca, el ingeniero municipal en esas fechas y el representante de la mercantil Doalco, que ejecutó las obras. Las declaraciones se prolongaron durante cinco horas, tras las cuales salieron todos juntos del juzgado, acompañados de sus abogados.

La denuncia fue presentada por el Fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ante las declaraciones realizadas a los portavoces de la oposición oriolana de la pasada legislatura por el ex interventor municipal, José Manuel Espinosa. En septiembre del año pasado, Espinosa declaró ante el juez que José Manuel Medina pagó 3,5 millones más por las obras de la plaza, adjudicadas por 1,8 millones.