El 'síndic d'Aran' renunciará a su acta de diputado cuando el valle tenga la nueva ley

El actual síndic d'Aran, Paco Boya (Unitat d'Aran-PSC), anunció ayer que compaginará este cargo con el de diputado en el Parlament hasta que concluya el proceso de redacción y aprobación definitiva de la nueva Ley de Aran, que reformará la anterior de 1990. Boya considera que su presencia en la Cámara catalana puede beneficiar las negociaciones a favor de un texto más ambicioso.

Boya, de 47 años, preside desde finales de junio con mayoría absoluta el Conselh Generau d'Aran, la institución de autogobierno de ese territorio pirenaico reinstaurada en 1991. Su presupuesto anual es de unos 30 millones de euros. En su discurso inaugural, el síndic puso énfasis en la situación de La Vall d'Aran en el marco del nuevo Estatuto catalán y dijo que una de sus prioridades durante los dos primeros años de mandato será la elaboración de una nueva Ley de Aran que respete la singularidad del territorio y defina un nuevo modelo de competencias, principalmente en materias como la lengua y la cultura.

Una vez aprobada la ley, hecho que se producirá durante esta legislatura, Boya se dedicará sólo a sus funciones como síndic. El futuro marco legal de Aran, señala Boya, "debe sintetizar la voluntad mayoritaria de sus habitantes de seguir avanzando en su autogobierno". El dirigente aranés es consciente de que para lograr ese objetivo la nueva ley deberá superar las dificultades que entraña estructurar el Gobierno y lograr la financiación necesaria. "Definir las competencias será más sencillo", añadió. "El problema actual es que tenemos competencias mal financiadas, como ocurre con la cultura".