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El Consell recurre la Ley del Suelo en sintonía con Esperanza Aguirre y el PP

Rambla alega que la norma estatal invade competencias sobre planeamiento y vivienda

El Consell cerró filas ayer con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y con Gabriel Elorriaga, portavoz del PP, al anunciar que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra le Ley del Suelo, en vigor desde el pasado 28 de mayo. Vicente Rambla, portavoz del Consell, explicó ayer que la ley estatal invade competencias autonómicas porque "impone criterios de ordenación terrial, establece fórmulas de planeamiento y condiciona la política de vivienda". Rambla se limitó a explicar argumentos jurídicos sin más calificativos.

Salvador Victoria, portavoz del Gobierno autonómico de la Comuidad de Madrid, aludió el lunes pasado a "sistemas de expropiación forzosa" y "modelos de acceso a la propiedad privada de Stalin" después de presentar, el pasado lunes, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo en vigor desde el 28 de mayo.

El PP presentó un segundo recurso el miércoles y Gabriel Elorriaga, portavoz del partido, esgrimió "el inmenso fracaso" del Gobierno socialista en materia suelo y vivienda.

Rambla, tras la primera reunión del Consell después de las vacaciones de verano, fue mucho más parco. El pleno acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Ley de Suelo. El portavoz del Consell se limitó a recordar que las competencias sobre ordenación territorial, planeamiento urbanístico y vivienda "son exclusivas de las comunidades autónomas".

A partir de ese argumentario de fondo, una nota oficial explica que el Estado excede sus competencias cuando impone a las comunidades autónomas la obligación de propiciar un uso racional del territorio y apunta conceptos como "cohesión territorial" o "ocupación del suelo eficiente"; cuando regula la "iniciativa privada en la urbanización y la construcción o edificación"; cuando establece una reserva mínima del 30% del suelo sujeto a actuación para vivienda de protección pública; o cuando establece la documentación que debe ser expuesta al público para tramitar licencias urbanísticas.

También apunta que la Comunidad Valenciana "es pionera" en materia de regulación urbanística a través de normas como la reformada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, la de Ordenación del Territorio o la nueva Ley Urbanística Valenciana. Pero evita mencionar que la LUV está pendiente de una resolución del Tribunal Europeo tras varias advertencias en torno a su aplicación de parte del Parlamento Europeo.

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El Consell aprobó toda una serie de relevos de trámite en varias entidades públicas derivados de los paralelos cambios de algunos consejeros, secretario autonómicos o directores generales. También aprobó el nombramiento de siete directores generales en las áreas de Presidencia, Infraestructuras, Agricultura y Medio Ambiente (como se aprecia en el cuadro).

La Consejería de Hacienda distribuyó ayer 13 millones de euros en diversas subvenciones y autorizó una ampliación de 11 millones del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, que alcanza así los 14,8 millones.

Belén Juste, la nueva consejera de Industria se estrenó con un plan de modernización de las instalaciones de Feria Valencia dotado con otros 13,2 millones de euros.

Vicente Rambla, vicepresidente y portavoz del Consell.
Vicente Rambla, vicepresidente y portavoz del Consell.SANTIAGO CARREGUÍ

NUEVOS DIRECTORES GENERALES

La Consejería de Presidencia incorpora a Sonia Morales y Vicente Saurí como responsables de Coordinación y de Cohesión Territorial.

La Consejería de Infraestructuras incorpora a dos ingenieros de caminos, Ismael Ferrer en Obras Públicas y Carlos Javier Eleno en Puertos, Aeropuertos y Costas.

La Consejería de Agricultura incorpora a Laura Peñarroya como directora de Producción Agraria.

La Consejería de Medio Ambiente incorpora a José María Benlliure como director general del Agua y a Aránzazu Muñoz como responsable de Paisaje.

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