La fiscalía pide informes policiales sobre ANV para ver si es heredera de Batasuna

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar a la formación Acción Nacionalista Vasca (ANV) a fin de recopilar elementos de prueba en previsión de futuras medidas contra la formación, informaron fuentes fiscales. De momento, dichas medidas se circunscribirán al ámbito de actuación de la fiscalía antiterrorista, y pueden dirigirse individualmente contra dirigentes de Batasuna y de ANV o concejales electos de esta última. La fiscalía podría incluso llegar a instar la suspensión de actividades de ANV, al igual que hizo con Batasuna antes de su ilegalización.

La petición de informes a las fuerzas de seguridad es el primer paso de un proceso que Batasuna conoce bien, ya que en agosto de 2002, hace ahora cinco años, el juez Baltasar Garzón decretó la suspensión de sus actividades y ordenó el cierre de locales, embargo de cuentas corrientes y prohibición de convocar todo tipo de actos y manifestaciones. La suspensión de actividades por vía penal allanó en gran medida la ilegalización, por sentencia del Tribunal Supremo, en marzo del año siguiente.

Por el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige el fiscal Javier Zaragoza, tiene intención de ir recopilando datos que en su momento puedan llevar a adoptar medidas contra dirigentes de Batasuna o concejales electos de ANV, así como de actividades de este último partido, que pudieran servir para instar la suspensión judicial de sus actividades.

En ese sentido, la fiscalía se va a dirigir en los próximos días al Juzgado Central 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, para pedir al magistrado que recabe informes de la policía y de la Guardia Civil sobre las declaraciones y pronunciamientos de dirigentes de Batasuna y de concejales electos de ANV en las últimas semanas, así como de la negativa a condenar el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Durango, Vizcaya.

Sucesora de Batasuna

Con ese conjunto de datos, se intentará determinar si, además de no condenar el atentado, ANV desarrolla una actividad tendente a justificar o apoyar el terrorismo etarra. Se trata en definitiva, de obtener elementos de prueba de que ANV cumple el mismo papel que el que en su día tenía asignado Batasuna, y en caso de estimar que ANV es sucesora de Batasuna, instar la suspensión de actividades de ANV.

Las fuentes consultadas indicaron que, de seguir el mismo nivel de actividad de Batasuna y ANV, posiblemente las primeras medidas contra esta última formación y sus integrantes podrían recaer en un par de meses.

Fuentes fiscales explicaron que, en el ámbito de la fiscalía de la Audiencia, la suspensión es la medida más grave a la que se puede optar. A partir de ahí, la ilegalización tendría que instarla la Fiscalía General del Estado o el Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Las mismas fuentes recordaron que la negativa a condenar el atentado de Durango no sirven, por sí solos, para instar la ilegalización, pero son un indicio más. La jurisprudencia constitucional señala que la condena inequívoca del terrorismo opera como un "contraindicio" a favor del partido investigado, para desacreditar otros indicios. En cambio, una genérica condena de la violación de los derechos humanos, como ha hecho ANV y otras formaciones o agrupaciones de electores, no tiene el mismo valor que la condena del terrorismo.

Por otra parte, el juez Baltasar Garzón decretó ayer la prisión incondicional de Federico Lomas, acusado de haber participado en actos de kale borroka. Lomas compareció voluntariamente ante el juez al saber que estaba en busca y captura, y tras prestar declaración, fue enviado a prisión por su relación con actos de violencia callejera y por realizar pintadas amenazantes en sedes del PNV y del PSOE.

También compareció voluntariamente Ibai Peña, también en busca y captura, que quedó en libertad.