Reganosa da por finalizada la planta de gas pero mantiene su actividad en pruebas

Otros diez gaseros más esperarán este año a la pleamar para surcar la ría de Ferrol y descargar gas licuado en la planta que Reganosa ha levantado en Mugardos. El director general de la empresa, Mariano Lacarta, anuncia que la obra del complejo está "totalmente terminada", pero justifica que su actividad se mantenga en pruebas porque no les ha dado tiempo a terminar los controles iniciados en mayo. La plataforma ciudadana que se opone a esta instalación considera que el funcionamiento en pruebas durante tanto tiempo es "excesiva" y un "fraude de ley".

Reganosa no sabe aún cuándo dejará su planta de funcionar en pruebas para hacerlo con la autorización definitiva del Ministerio de Industria. De momento, el complejo ha obtenido el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para prorrogar su actividad durante tres meses más con otro permiso de ensayos. En este tiempo, las instalaciones seguirán recibiendo buques metaneros en su terminal y comercializando el gas que descargan tras someterlo a un proceso de vaporización.

El director general de la compañía participada por la Xunta, Mariano Lacarta, alega que la fecha en la que las instalaciones empezarán a funcionar con una autorización definitiva depende de la evolución de los ensayos, que se han ralentizado por realizarse en verano. Según explica Lacarta, la planta sólo se puede probar cuando hay consumo y el gas vaporizado se puede introducir directamente en los conductos que lo llevan a los hogares. La falta de uso de la calefacción y el aire acondicionado en los últimos meses ha disminuido la demanda de esta fuente de energía y, por tanto, el ritmo de las pruebas.

El Comité Cidadán de Emerxencia, que se opone a la ubicación del complejo en el interior de la ría, considera que la entrada de los seis gaseros que hasta ahora han arribado a la terminal de Reganosa "implica una actividad que excede con creces la necesaria para el periodo de pruebas de un mes que está previsto en la ley". La plataforma vecinal cree que "una mera acta de puesta en funcionamiento en pruebas" no permite la puesta en servicio de la planta de gas de Ferrol, "que llega incluso a desarrollar actividad comercial y a abastecer al mercado gallego".

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, José Manuel Pose Mesura, sale en defensa de Reganosa. Ignora las razones que han llevado a la planta a solicitar una prórroga de las pruebas, pero asegura que "es habitual renovar [el permiso] si no le llega". Pose no cree que, como critican los vecinos, la actividad del complejo sea excesiva, aunque admite desconocer si la instalación comercializa ya el gas que recibe.

Una prórroga de tres meses

La autorización para los ensayos en Reganosa finalizó el 4 de agosto. Cuatro días después la Subdelegación del Gobierno le concedió una prórroga por otros tres meses. Desde este organismo no supieron aclarar ayer qué limitaciones de tiempo y actividad tienen este tipo de permisos en pruebas para regasificadoras.

El Comité Cidadán de Emerxencia interpreta que la prórroga de las actas en pruebas es una argucia de Reganosa para no pedir la autorización definitiva. La plataforma argumenta que la empresa pretende eludir la presentación de todos los documentos que requiere este trámite, ya que "incumple" los condicionantes que en 2004 le impuso el Ministerio de Industria para obtener este permiso.

El director general de Reganosa niega tajantemente esta acusación. "Si se apreciasen dificultades en ese sentido ya no nos habrían autorizado la operación en pruebas y la Administración nos habría denegado antes la licencia para comenzar la obra", señala Mariano Lacarta. "Si los socios dudasen del cumplimiento de los requerimientos, no habrían invertido en el proyecto 435 millones de euros".

Los responsables de la compañía sostienen que la planta "es plenamente segura desde el primer día". Los planes de emergencia interior y exterior ya han sido aprobados. El primero, señala Reganosa, ya se aplica en el complejo desde que entró en pruebas, y el segundo lo empezará a implantar la Xunta en los próximos meses. La Consellería de Presidencia deberá organizar reuniones en las que formará e informará a los afectados.