CC OO denuncia a cargos de Aguirre por "coacciones" a los forestales

Comisiones Obreras se querelló ayer por "prevaricación y coacciones" contra dos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre por la orden interna -"nota interior"- emitida en noviembre de 2006 a los agentes forestales de Madrid por la que les prohibieron remitir directamente a la justicia las denuncias de los delitos que descubrieran. "Con la nota interior, lo que en la práctica se está ordenando a los agentes forestales es que desatiendan sus obligaciones de un modo absoluto, hasta el punto de que el cumplimiento de tal nota podría dar lugar a delitos", reza la querella.

A finales de 2006, el Gobierno de Esperanza Aguirre calcó del Ejecutivo balear, también del PP, el veto a los forestales para denunciar delitos a la justicia. Los forestales demostraron luego en el archipiélago que el Ejecutivo autónomo congeló durante meses sus denuncias, que luego fueron reflotadas por la justicia al hilo de la investigación del caso Andratx.

Los querellados del Gobierno madrileño son el director general del Medio Natural, Miguel Allué, y el jefe del cuerpo de agentes forestales de Madrid, José Luis Monleón. Ambos cursaron la nota que ha incendiado a los forestales de la comunidad.

Tal orden establecía: "A partir de hoy, y hasta la entrada en vigor del protocolo de tramitación de denuncias pendientes de elaborar, cualquier ilícito penal no podrá remitirse directamente por los agentes forestales en nombre o como miembro del cuerpo de agentes forestales a los juzgados o fiscalía, debiendo poner la denuncia en conocimiento de la jefatura del cuerpo, la cual actuará conforme a normativa y cauces vigentes establecidos al efecto".

El contenido de dicha "nota interior" del cuerpo de los forestales aún está vigente. CC OO considera que pulveriza el carácter de agente de la autoridad que tiene el cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid en virtud de la norma regional que lo creó de 2002. "El cuerpo de agentes forestales tiene la consideración de policía administrativa especial y sus integrantes ostentarán el carácter de agentes de la autoridad cuando presten servicio en el ejercicio de sus funciones, para todos los efectos legalmente procedentes", señala esa norma.

Custodia de bienes jurídicos

Ese papel lo refrendó la Ley de Montes de 2003, tras sus posteriores modificaciones: "Agente forestal: funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad. (...) Tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de la policía judicial en sentido genérico, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Y, ciertamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal confirma que los forestales forman parte de "la policía judicial, y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes".

Y de esta norma legal deriva el riesgo de que los forestales incumplan tal deber de denuncia: "Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal o al tribunal competente, al juez de instrucción en su defecto". Tal es el dilema de los forestales: incumplir una norma interna de sus mandos o incumplir la normativa estatal. O se exponen a la sanción de sus jefes o a la exigencia de responsabilidades por un juez o fiscal, plantean.

Los forestales, cuando entró en vigor tal norma, ignoraban que, posteriormente, el Gobierno de Esperanza Aguirre alumbraría, en la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno -aprobada la semana pasada-, nuevas fórmulas para recortar sus funciones fiscalizadoras del cumplimiento de la legislación urbanística o medioambiental: se les prohíbe entrar en los terrenos y montes privados sin autorización judicial. Entienden que esto les impedirá actuar con diligencia para detectar irregularidades en terrenos privados. Los agentes consideran que la suma de ambas normas -no presentar denuncias a la justicia, no entrar en terrenos privados para investigar- deja en nada su capacidad inspectora o coactiva.