El Congreso de EE UU refuerza medidas antiterroristas para evitar otro 11-S

Evitar un ataque como el 11-S. Ése es el objetivo del conjunto de medidas legislativas que a última hora del viernes aprobó el Congreso de Estados Unidos para reforzar las medidas antiterroristas en vigor desde 2004. Es, además, la primera respuesta concreta de Washington a las recomendaciones que hace tres años hizo la comisión bipartita que investigó los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Se refuerzan las inspecciones al tráfico de mercancías y se redistribuyen los fondos antiterroristas para las ciudades con mayor riesgo de sufrir un ataque.

La legislación se aprobó con una holgada mayoría tanto en la Cámara de Representantes (371 votos a favor y 40 en contra) como en el Senado (85-8). Se trata de la decisión más importante adoptada por un Congreso dominado por el Partido Demócrata, que en otoño pasado puso la cuestión de la seguridad en el centro de su agenda. La decisiva votación se produjo a pocos días del parón veraniego y a un mes escaso de cumplirse el sexto aniversario del 11-S.

Tres años después de ese ataque terrorista, la comisión del 11-S presentó sus conclusiones y lanzó una batería de recomendaciones encaminadas a solventar los fallos de seguridad que permitieron a los terroristas diseñar y ejecutar el atentado. La iniciativa acata el 80% de las recomendaciones. Entre las medidas destaca el reforzamiento de las inspecciones de las mercancías que entran por puertos marítimos y aeropuertos.

El objetivo es que se controlen todos los contenedores que tengan como destino puertos de Estados Unidos, para poder detectar material radioactivo necesario para fabricar un dispositivo nuclear. El plazo para la aplicación de la medida es de cinco años, aunque podría extenderse dos años más si es necesario. El mismo requisito se quiere aplicar a las cargas en los aeropuertos. El plazo para aplicar la medida será de tres años.

En paralelo, se quiere hacer llegar más fondos federales a las zonas con mayor riesgo de sufrir un atentado, como Nueva York y Washington. Para ello se recortará a la mitad el dinero que el Departamento de Seguridad Nacional destina a los Estados con menor riesgo y que hasta la fecha se beneficiaban del 40% de los fondos. Ese dinero se destinará a reforzar la seguridad en el transporte y mejorar las comunicaciones y la repuesta de los dispositivos de emergencia.

La otra novedad, y que puede crear controversia fuera de EE UU, se refiere a la disposición por la que se exigirá a 27 países "amigos", a cuyos viajeros no se les exige visado, a que faciliten a las autoridades datos de los viajeros 48 horas antes de entrar en su suelo, para así tener más tiempo para revisar sus perfiles. Hasta ahora las aerolíneas enviaban esa información minutos después de iniciado el vuelo.

El Departamento de Seguridad Nacional cuenta con una dotación de 41.600 millones de dólares para 2008, según el proyecto aprobado por el Senado. La propuesta prevé además la creación de una oficina dentro del Departamento de Estado para incentivar el respeto a la democracia y los derechos humanos en el mundo.

El presidente George W. Bush deberá firma ahora la iniciativa para que entre en vigor. El mandatario llegó a amenazar con el veto, pero ha dado su visto bueno pues considera que hace frente a sus principales preocupaciones. Nacy Pelosi, líder de los demócratas, dijo que de esa manera "se está cumpliendo la promesa que se le hizo a las familias de las víctimas del 11-S y hará a los estadounidenses más seguros".

En paralelo, el Pentágono está a punto de firmar un nuevo contrato de venta de armas a Arabia Saudí y otros cinco países del golfo Pérsico valorado en 20.000 millones de dólares. Washington quiere responder así a la escalada armamentística de Irán, uno de los países que el presidente Bush incluyó en lo que denominó como el eje del mal tras el 11-S.