El Constitucional dirime las guerras del agua y del Estatuto

El Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Carta Magna y cuyos magistrados son elegidos a propuesta del Gobierno (2), el Consejo General del Poder Judicial (2), el Congreso (4) y el Senado (4), navega estos días por una de las peores tormentas de su historia a cuenta de la batalla política desatada por el poder de distintas comunidades que han reformado sus estatutos.

El PP, que impugnó algunas de las principales leyes aprobadas por el Ejecutivo socialista durante esta legislatura (la de igualdad, la de matrimonios de homosexuales, la de Universidades, la del Poder Judicial) sólo parece reclamar urgencia con el recurso que presentó para anular por inconstitucional la mitad del Estatuto de Cataluña.

La presión del PP para una resolución rápida del recurso contrasta con los plazos habituales en el Constitucional, que ya ha dado un trato de favor a la tramitación de la impugnación contra el Estatuto catalán respecto a otras que llegaron antes y afectan a derechos fundamentales de la persona.

Sin embargo, el Constitucional no puede saltar por encima de otros recursos que también afectan a un nuevo estatuto de autonomía, el valenciano. Su artículo 17 está en cuestión al regular la gestión del agua, uno de los temas más sensibles en la política territorial: "Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal".

Castilla-La Mancha y Aragón recurrieron este artículo y el Constitucional tiene que enfrascarse en la deliberación de una cuestión capital para estos territorios. "Si para un artículo del Estatuto valenciano el Constitucional puede estar deliberando un mes o más en sesiones de mañana y tarde, para 141 artículos, que son los recurridos por el PP en el Estatuto catalán, la discusión puede durar meses...", señalan fuentes jurídicas. La solución a la guerra del agua entre autonomías no llegará antes de septiembre.

En el caso del Estatuto catalán, las prisas del PP y de algunos de los magistrados conservadores, así como las esperanzas, tanto del Gobierno catalán como del Gobierno central, de que el proceso se retrase, se pueden explicar en relación con la situación actual que vive el Constitucional.

- Un plenario amputado. Por primera vez en su historia, el Alto Tribunal dirimirá un recurso con un pleno amputado, debido a la impugnación lograda por el PP contra Pablo Pérez Tremps, magistrado propuesto por el Gobierno socialista. Así se rompió el equilibrio de fuerzas existente en el Constitucional y serán cinco magistrados progresistas y seis conservadores los que deliberen sobre el futuro del Estatuto catalán.

En un pleno del Tribunal con mayoría conservadora, el recurso del PP contra la mitad del Estatuto catalán tiene muchas posibilidades de prosperar.

- Renovación en diciembre. Si los plazos de renovación del Constitucional se cumplen, la situación actual favorable a la mayoría conservadora del Tribunal sólo estará vigente hasta diciembre. Entonces, el Senado deberá renovar un tercio del Tribunal (cuatro magistrados). Dos saldrán a propuesta del PP y los otros dos a propuesta del PSOE con sus aliados parlamentarios. Como entre los magistrados que deberían dejar su puesto en diciembre hay tres conservadores y una progresista, el nuevo Tribunal Constitucional que estrenaría el año 2008 estaría compuesto por siete progresistas y cinco conservadores. Ni siquiera con Pérez Tremps fuera de las deliberaciones, los progresistas perderían la mayoría. Existe la posibilidad de que el PP intente bloquear la renovación en el Senado -es necesaria una mayoría cualificada para aprobar los nombramientos- para mantener la situación excepcional de mayoría conservadora en la deliberación del Estatuto catalán.

- Incidentes de un recurso. El nuevo Estatuto catalán ha dado lugar a múltiples incidentes planteados por las partes -hay siete recursos, uno del PP, otro del Defensor del Pueblo y cinco de comunidades autónomas- y se han registrado cuatro recusaciones planteadas contra otros tantos magistrados (dos progresistas recusados por el PP y dos conservadores recusados por el Gobierno tripartito catalán), han obstaculizado la tramitación de la impugnación.

En medio de esta batalla jurídico-política han irrumpido dos magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata -ambos elegidos a propuesta del PP- que se han convertido en las últimas semanas en ariete contra la presidenta del Constitucional y contra todo lo que suponga una dilación en la tramitación del Estatuto catalán. Su discurso, a través de votos particulares, y el de los dirigentes del PP es mimético.

Primero cuestionaron, con su firma y por escrito, la prórroga del mandato de la presidenta del Constitucional, aunque ninguno de sus compañeros conservadores apoyaron en pleno su iniciativa. Pretendían que no se aplicara una Ley aprobada por las Cortes que permitía a María Emilia Casas prolongar su mandato como presidenta -que finalizaba en junio- hasta que concluya su periodo de nueve años en el organismo, cosa que ocurrirá en diciembre. Descabalgar a María Emilia Casas de ese cargo significaba volver a inclinar la balanza en los plenos a favor de los conservadores, que podrían colocar a uno de los suyos de presidente para dirimir posibles empates. El Gobierno se anticipó a esa posibilidad introduciendo una enmienda de última hora en la Ley del Constitucional que permite a Casas mantener su puesto.

Después, Calvo y Rodríguez Zapata plantearon una intensa batalla en el pleno donde se trató sobre el escrito presentado por el Abogado del Estado en el que se planteaban las incoherencias del PP al recurrir 30 artículos del Estatuto catalán que estaban calcados en el Estatuto andaluz y que no sólo no se habían impugnado sino que los populares los habían votado a favor. Hubo tres propuestas encima de la mesa. La intermedia, defendida por magistrados conservadores con el rechazo absoluto de Calvo y Zapata, aprobó dar traslado sin abrir plazo de alegaciones e incluir el escrito en las actuaciones. Calvo y Zapata volvieron a firmar un voto particular criticando a la Abogacía del Estado y defendiendo la necesidad de haber devuelto el escrito.

Los dos magistrados no quieren dilaciones al tramitar el Estatuto catalán y así lo manifiestan en sus escritos. Aunque nunca se han quejado de dilaciones cuando el PP recusó a la presidenta del Tribunal o a Pablo Pérez Tremps o cuando el pleno se vio forzado a resolver la petición que ambos presentaron de dimisión de Casas.