Un Supremo a la medida de Bush

En la recta final de su presidencia, pocos logros parecen acumularse en el expediente de George Bush que en el futuro permitan recordar su controvertido paso por la Casa Blanca. La confusa guerra contra el terrorismo -especialmente la ocupación de Irak- ha oscurecido una gestión de la que es difícil citar otros momentos sobresalientes. El legado de Bush se puede hacer notar, sin embargo, en muchas de las decisiones que, con poco ruido pero gran trascendencia, está tomando un Tribunal Supremo remodelado en los últimos años al gusto más conservador.

En el plazo de unas pocas semanas, un Tribunal Supremo escorado a la derecha, después de los dos nombramientos hechos por George Bush, ha tomado decisiones relevantes sobre libertad de expresión, separación de Iglesia y Estado, aborto y discriminación racial.

Se ha desvanecido la esperanza de que el tribunal legalice los matrimonios homosexuales

La sentencia contra la discriminación positiva escolar rompe una política de medio siglo

Una de esas decisiones, la anunciada la pasada semana en contra de la política de discriminación positiva en las escuelas, que favorecía que las minorías raciales tuvieran presencia en los centros mayoritariamente blancos, supone la ruptura de una política de más de medio siglo que en su día resultó revolucionaria y que ha permitido a este país una convivencia racial mejorable, pero envidiable en muchos aspectos.

Pero no sólo ésa, porque otras decisiones tomadas en el último año judicial -el tribunal suspende su trabajo hasta septiembre- representan cambios profundos que pueden tener su reflejo en la sociedad norteamericana durante las próximas décadas.

Entre estas decisiones destacan la que da la razón a Bush y permite a organizaciones religiosas hacer labor social con dinero público, la que condena a un estudiante que utilizó lenguaje blasfemo en la puerta de la escuela, la que prohíbe un determinado procedimiento de aborto muy agresivo o la que suprime los límites de las grandes corporaciones para hacer campaña política.

Todas ellas tienen, además, la particularidad de que han sido tomadas por una mayoría de cinco contra cuatro, dos grupos separados por una barrera estrictamente ideológica que permite anticipar más decisiones de matiz conservador en los próximos años.

Los nueve miembros del Tribunal Supremo los nombra directamente el presidente cuando se producen vacantes -aunque, como la mayoría de los altos cargos, requieren la confirmación del Congreso- y permanecen en sus puestos de forma vitalicia. Teóricamente, esto garantiza que el Supremo tenga siempre, aproximadamente, el mismo tono político que los ciudadanos dan con sus votos a los demás poderes de la nación.

George Bush puede tener incluso oportunidad de hacer otro nombramiento que reforzaría aún más la tendencia del Supremo, ya que el juez John Stevens, uno de los liberales, es, aunque sano, un anciano de 87 años.

Esa exigua mayoría de cinco a cuatro sirvió para sacar adelante una tercera parte de los asuntos en los que ha intervenido el alto tribunal en el último año, más que en cualquier otra etapa de la que se tiene memoria.

De todos los casos con tintes políticos vistos en este periodo, el bloque conservador se impuso en 13, mientras que sólo seis fueron favorables a los liberales, y cuatro de ellos eran casos relacionados con la pena de muerte, asunto en el que las diferencias entre los dos sectores son menores. "Hace décadas que los miembros más privilegiados de la sociedad -las grandes corporaciones, los ricos, los blancos que quieren ir a la escuela con otros blancos- no cuentan con un Supremo tan favorable", denunciaba un editorial del diario The New York Times. El juez Stevens ha llegado a advertir que este Tribunal Supremo está barriendo la obra de los tribunales precedentes.

Otros no lo ven en términos tan dramáticos. Mark Tushnet, profesor de la Universidad de Harvard y autor de un prestigioso libro sobre el tema, estima que lo que ha ocurrido es que la mayoría conservadora se ha centrado en un paquete de asuntos de gran resonancia social, pero no teme una drástica ruptura con el pasado. "No creo que esto sea un signo de que van a destruir todas las decisiones precedentes con las que no están de acuerdo", opina.

El Tribunal Supremo ha sido en el pasado una pieza fundamental para el impulso de reformas legislativas que sirvieron para modernizar este país. La legalización del aborto o la integración racial, entre otras, son decisiones que tienen su origen en el alto tribunal.

Durante años, los grupos conservadores, que se han quejado del cariz excesivamente liberal de otros tribunales anteriores, se habían marcado la conquista del Supremo como un objetivo prioritario para sacar adelante su agenda política. Es pronto para saber si, como parecen indicar sus primeras decisiones, este tribunal lo será. Pero lo que parece claro es que esta institución no será ya un respaldo a la política liberal.

Una de las últimas esperanzas liberales era que el Supremo hiciese el trabajo que el Congreso se niega a hacer y legalizara los matrimonios homosexuales. Esas esperanzas, desde luego, se han desvanecido ahora, y, como afirma la columna de Lexington en The Economist, "los partidarios de los matrimonios homosexuales tendrán que ganar su batalla en los tribunales de la opinión pública y en las cámaras legislativas".

"La lección que los progresistas pueden extraer del año judicial que acaba", concluye Edward Lazarus, autor del libro Surgimiento, caída y futuro del moderno Tribunal Supremo, "es que un capítulo triunfante en la historia judicial ha llegado a su definitivo final y que tendrán que pensar creativamente sobre si el capítulo que empieza es algo más que una tragedia".