Martín Serón: "Todo es un invento de la policía"

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), cuestionó ayer la investigación sobre la trama de corrupción en el municipio y tachó de "invento" el informe policial que sostiene que él y su edil de Urbanismo cobraban cantidades extras a promotores a cambio de permitirles incrementos de edificabilidad. "Es un informe hecho a la desesperada con el que se quiere por todos los medios acusarnos de algo que no hemos hecho", dijo.

El PP dice que el dinero pagado por promotores eran "donaciones" para el Ayuntamiento

"No hay ninguna prueba que justifique que nos hemos quedado con nada"

"La policía se ha inventado lo del cobro de comisiones, se ha columpiado con nosotros", explicó Martín Serón, quien insiste en que la investigación del caso Troya obedece a una "persecución y a un ensañamiento personal por el único delito de haber presentado una moción de censura absolutamente legítima contra el PSOE". Martín Serón accedió a la alcaldía en el año 2000, cuando era concejal de un partido independiente mediante una moción de censura con el PP, al que más tarde se afilió, que desbancó al socialista Miguel de la Rosa.

Martín Serón sostiene que el promotor que denunció haber sido extorsionado por el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que le solicitó 122.600 euros por permitirle construir 14 viviendas en un solar donde la normativa municipal permitía un máximo de cinco, urdió su denuncia en reuniones con un íntimo amigo suyo que es funcionario de la Udyco (Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales) de la Policía y "representantes" del PSOE local.

"La policía sólo se ha preocupado de buscar que seamos culpables y se ha aliado con un maltratador", dijo el alcalde en alusión al promotor denunciante del caso, José Burgos, que está condenado por maltrato psíquico a su ex esposa. "No sé por qué ese hombre no está en la cárcel", inquirió Martín Serón.

El alcalde de Alhaurín el Grande y el concejal de Urbanismo están imputados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de determinadas cantidades de dinero a promotores del municipio a cambio de permitirles. El informe de policial que consta en el sumario sostiene que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo" en la que llegaron a fijar lo que la policía llama una "tasa de soborno" de 80 euros por cada metro cuadrado y 6.000 por cada vivienda autorizadas de más.

En los archivos intervenidos en el registro del despacho del concejal de Urbanismo aparece un documento con un listado de obras y promotores y el dinero que debía abonar cada uno de ellos al margen de las tarifas oficiales de las licencias, en total más de 700.000 euros. También figuraba la inscripción de la empresa perceptora de los supuestos cohechos, en varios casos una sociedad, Conextran, gestionada por un íntimo amigo del alcalde y cliente de la asesoría fiscal de la esposa de Martín Serón.

El alcalde reconoció la existencia del listado, pero niega que las cantidades apuntadas se trataran de comisiones, y asegura que eran "donaciones" que aportaban los promotores para "actuaciones de interés general para el beneficio del pueblo" como financiar obras municipales, patrocinar eventos o colaborar en las tareas de mantenimiento de las calles.

"No hay ninguna prueba que justifique que nos hemos quedado con nada", insistió Martín Serón.

Cuatro de los 19 empresarios imputados en la causa reconocieron al juez que habían pagado cantidades al margen de las tarifas de las licencias para la organización de una corrida de toros, el patrocinio de un equipo de fútbol o el arreglo de una calle.

Además, Martín Serón insiste en que todas las obras autorizadas son legales y en ningún caso contravenían la normativa urbanística municipal. Sí admite que se les aplicaba unos índices de edificabilidad como manzana cerrada perteneciente a suelo urbano consolidado y no los fijados en los estudios de detalle primitivos para la urbanización en la que se ubican, "que suelen ser más restrictivos", pero sin que ello suponga "en absoluto ninguna ilegalidad". El alcalde aseguró que está recabando informes de "urbanistas de prestigio para que avalen que esta interpretación de la normativa urbanística es legal".

Según Martín Serón, el informe policial que le acusa de ser el responsable junto a su concejal de Urbanismo de tejer una red de corrupción "generalizada" y "extendida en el tiempo" está hecho "para justificar las detenciones". El alcalde y el concejal de Urbanismo fueron detenidos la tarde del 18 de enero en Marbella tras asistir a un almuerzo-mitin con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, pocas horas después de que Gregorio Guerra advirtiera al promotor denunciante del caso que si no pagaba los 122.600 euros le iba a parar las obras y revocar la licencia.

Los dos ediles quedaron al día siguiente en libertad bajo fianza tras prestar declaración al juez. Según Martín Serón, con aquellas detenciones, la policía "dio un paso más allá en su deber". Los arrestos fueron ordenados por el juez instructor de la causa.

El presidente provincial del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, más prudente, dijo que el informe policial contiene "inexactitudes" y apostó por la inocencia de Martín Serón "porque aquí no ha habido cobro de comisiones ni enriquecimiento personal, sino el pago de donaciones para obras de carácter e interés común", algo que dijo es una práctica "muy extendida" en los ayuntamientos sea cual sea su color político.

Ramírez dijo que el PP tiene un "comportamiento irreprochable" con los casos de corrupción en sus filas, pero que en este caso "no vemos que la haya".

La secretaria general del PSOE en Málaga, Marisa Bustinduy, exigió ayer la dimisión de Martín Serón "por respeto a los ciudadanos de Alhaurín el Grande que no se merecen la imagen que se está proyectando de su municipio". Bustinduy consideró "inadmisible" que dirigentes del PP cuestionen la acción de la Policía y la instrucción judicial cuando les son desfavorables.