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Reportaje:

Sueldo a discreción

Un vacío legal permite a los alcaldes fijarse a su antojo el salario

¿Cuánto cree usted que debería ganar un alcalde? ¿Más o menos que el presidente del Gobierno (89.300 euros)? ¿Más o menos que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (74.500 euros)? ¿Debería estar en función del número de habitantes?... No existe una respuesta oficial a estas preguntas. "Hay un vacío legal", dicen en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así que... sueldo a discreción. Los alcaldes establecen, con arreglo a su particular criterio, lo que creen que merecen ganar.

La horquilla va de los 40.000 euros de San Fernando de Henares a los 102.000 de Las Rozas

Todo se aprueba en los plenos, en los que tienen derecho a voto todos los partidos

Una muestra de 21 ayuntamientos de los 175 de la región examinados por EL PAÍS, de diferentes partidos y puntos geográficos (teniendo en cuenta que el PP controla 116 de ellos) revela una horquilla de sueldos que va de los 40.000 euros de Julio Setién (IU), alcalde de San Fernando de Henares (40.000 habitantes), a los 102.000 de Bonifacio de Santiago (PP), alcalde de Las Rozas (69.000 habitantes).

Y qué mejor momento que después de las elecciones para establecer las retribuciones salariales. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 establece que, tras la toma de posesión de los alcaldes, debe acometerse la organización del Ayuntamiento en el primer pleno y determinar las concejalías delegadas y las funciones de cada miembro. Aunque podrían dejar el asunto de las retribuciones para los presupuestos del siguiente año, la mayoría lo incluyen en el apartado de "organización" y, por eso, los sueldos suelen ocupar los últimos puntos del orden del día de ese primer pleno. Y, una vez abierta la veda, los escándalos se suceden.

Está el alcalde de Las Rozas, que anuncia en una nota la congelación de los sueldos de su Corporación -el suyo es de 102.000 euros, probablemente se ha convertido en el segundo alcalde mejor pagado de España, después del de Mijas en Málaga, que es de 125.000- pero crea tres nuevas tenencias de alcaldía (y van ocho) a 82.000 euros cada una (unos dos millones al año), además de poner 50 cargos de "personal de confianza", desde un administrativo hasta un jefe de gabinete, que ganan entre 25.000 y 81.000 euros al año, para una Corporación de 25 miembros (17 concejales del PP, 7 del PSOE y 1 de IU).

Fue escandaloso, hasta la rectificación, lo del alcalde de Torrelodones (PP), que primero se subió el sueldo un 36% (a 91.500 euros) y luego se arrepintió. O el caso del de Navalcarnero (PP), que se ha aplicado una subida del 17% para ganar 82.400 euros. El último, porque el pleno fue el lunes, fue el de Villanueva del Pardillo, que se sumó al carro con un aumento del 20% y cobrará 83.400 euros. Y así, uno tras otro.

En teoría, como señala la alcaldesa independiente de Colmenarejo, Isabel Peces-Barba (APIC: Agrupación Progresista Independiente de Colmenarejo), "existe una regla no escrita que dice que el sueldo del alcalde sea un euro mayor al del funcionario de mayor rango, puesto que éste ha ganado una oposición y tiene un sueldo con arreglo a su categoría en la Administración, es como lo más imparcial". Y así es, ésa es "la regla" que se sigue en casi todos los ayuntamientos. Sin embargo, las trampas para saltarse la regla son múltiples. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Majadahonda, el alcalde le atribuyó un complemento de 6.000 euros en 2006 al funcionario de referencia, el secretario general del Ayuntamiento. De manera que, cuando ahora le ha llegado la hora de establecer su sueldo, no sólo cobra un euro más que el secretario, sino 6.001, con respecto a lo que cobraba antes.

Otra fórmula son las dietas correspondientes a las asistencias a comisiones y plenos. También tienen "precios" diferentes, que oscilan entre los 100 y 200 euros cada una y los 500 y 1.000 euros de los plenos mensuales.

Eso sí, todo está aprobado en plenos en los que tienen derecho a votar todos los partidos políticos. Es un comentario clamoroso entre los pasillos de los ayuntamientos el que son muchos los alcaldes que sacan adelante las iniciativas subiéndole el sueldo a los concejales de la oposición o haciéndoles concesiones, como "liberar" a algún otro edil para que pueda dedicarse a la política en exclusiva. Es llamativo y sonado el caso de Collado Villalba. Su alcalde, José Pablo González (PSOE), se ha subido el sueldo de 64.000 a 74.000 euros, también se lo ha subido a la teniente de alcalde y al portavoz del PP. Sin embargo, el regidor ha quitado a los dos concejales de IU toda retribución. "Me dijo, en medio del pleno, que no iba a consentir que yo me beneficiara con sus votos porque nosotros estábamos teniendo una actitud predemocrática por votar en contra de la subida y que los concejales y alcaldes tenían que estar bien pagados", explica la portavoz del grupo Ascensión Heras. Ahora, los dos ediles de IU en Collado Villalba comparten mesa de despacho.

Entre los alcaldes hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes consideran que cobran lo que vale su esfuerzo y responsabilidad, como el alcalde de Villanueva del Pardillo, que se ha aplicado una subida del 20%. Hay quienes entienden, como el alcalde de San Fernando, Julio Setién, que "en las retribuciones debería haber contención; no es lógico que el alcalde de un pueblo de 7.000 habitantes cobre como el presidente del Gobierno", asegura. "Las retribuciones de los cargos públicos deben ser dignas, pero debería haber un acuerdo de todos los partidos políticos, como un código de buena conducta, pero siempre desde la voluntariedad y que los propios ciudadanos midan con sus votos", agrega.

Setién no es partidario de una regulación por ley. Sin embargo, tanto para su homólogo en Rivas-Vaciamadrid, José Masa (IU), como para el portavoz del PSOE de Las Rozas, Ramón Moreda, o el de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, y también para la alcaldesa de Colmenarejo, es imprescindible una regulación. "El hecho de que exista esa discrecionalidad dificulta enormemente la organización de los ayuntamientos. Debía de estar regulado por número de población o por el presupuesto que maneje cada Corporación", afirma José Masa. Y Moreda sentencia: "La situación actual evidencia que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local no debe limitarse a la financiación de los ayuntamientos, sino que las retribuciones de los cargos políticos tienen que entrar en la regulación, bien por número de habitantes o por presupuesto. Hoy por hoy, el Ayuntamiento está bajo la potestad del alcalde y esto es un continuo chantaje".

Algún 'intento' de regulación

Ante la arbitrariedad de las retribuciones salariales de alcaldes y concejales, ha habido algunos intentos de regulación que han quedado en eso: en intentos.

En 1995 se firmó un Protocolo sobre funcionamiento institucional de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con el fin de "propiciar unos criterios homogéneos básicos". Era un borrador de acuerdo económico de los grupos municipales (PP, PSOE e IU) que establecía, por ejemplo, que el salario del alcalde fuese una peseta mayor que el del funcionario de habilitación nacional. Y especificaba: del "sueldo base", para evitar que se le sumasen complementos, trienios y demás. Establecía también el número de concejales que debían tener dedicación exclusiva, en función del tamaño de la Corporación. Y el número de "liberados" por grupo, según el número de concejales del partido y del número de habitantes. Lo firmaron los entonces responsables de política municipal de los tres principales partidos: Jesús Valverde (PP); Jorge Gómez (PSOE) y Jaime Ruiz (IU). "Firmado este acuerdo se propondrá para su formalización a la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP)", concluía el documento.

Llegase o no hasta la FEMP, no surtió efecto. Sólo la Comunidad Valenciana y Cataluña han desarrollado un protocolo para establecer "criterios orientativos de las retribuciones de los cargos electos". En ambos casos, que no pasan de ser "una recomendación", las variables que manejan son el número de habitantes, el presupuesto del Ayuntamiento y el número de concejales.

El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dejó pendiente la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. "Uno de sus mayores empeños", dicen en el ministerio. "Pero fracasó al no conseguir un acuerdo con el PP, tras haber consultado con la FEMP, los agentes sociales y demás". "Iba a retomarlo tras las elecciones, pero le han cesado", señalan fuentes del ministerio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de julio de 2007

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