Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

La reparación de un linchamiento

El Tribunal Supremo casó hace dos semanas la inicua sentencia de la Sección XVI de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó el 8 de mayo de 2006 a tres funcionarios de la Brigada de Información a diversas penas de prisión, inhabilitación y multa. El comisario jefe Rodolfo Ruiz y el inspector Javier Fernández fueron castigados a dos años de cárcel por el supuesto delito de detención ilegal de dos afiliados al PP, que fueron llamados a declarar a causa de su presencia en la manifestación de 22 enero de 2005 convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por la organización madrileña de los populares para protestar contra la política del Gobierno de excarcelación de presos etarras; las fotografías de los periódicos documentaban cómo Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz formaban parte de un grupo que rodeaba en actitud furiosamente amenazadora al ministro de Defensa, agredido física y verbalmente -al grito de "asesino, apóstata, defensor de maricones"- según testimonio del propio Bono.

El tipo penal aplicado a este caso por los tres magistrados de la Audiencia -Manuel Hidalgo, Rosa Esperanza Rebollo y Rafael Espejo-Saavedra- resultaba insólito: los delitos de detención ilegal y secuestro (capítulo 1 del Título VI del Código sobre delitos contra la libertad) son cometidos habitualmente por ciudadanos particulares y sólo excepcionalmente -"fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa de delito"- por autoridades y funcionarios (así ocurrió en el caso Marey). Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios aceptaron voluntariamente ir a la Brigada de Información después de ser citados por teléfono, fueron recogidos y devueltos a sus domicilios en un vehículo policial, comparecieron con asistencia letrada, no se les tomó las huellas dactilares, tampoco fueron esposados ni recluidos en celdas; su estancia en la comisaría duró poco más de cinco horas y concluyó sin cargos.

Pero la saña de los magistrados no se limitó a castigar ese delito imposible de detención ilegal. El comisario Rodolfo Ruiz también fue condenado a diez años de inhabilitación por coacciones (la "violencia psíquica" ejercida sobre un subordinado) y a tres años de cárcel por falsedad documental, delito por el que fueron también inculpados los inspectores Javier Fernández y José Luis Rodríguez Salgueiro. El ponente de la sentencia y presidente de la Sección XVI se cebó con los supuestos autores de unas detenciones "inmotivadas, arbitrarias, abusivas y antijurídicas", "de complacencia" y "mirando al tendido", que habían "violado la libertad de dos ciudadanos" y puesto en tela de juicio "la igualdad y el pluralismo político".

Los portavoces populares y los medios de comunicación de su cuerda -pocas veces la libertad de prensa ha sido utilizada para tan sucios cometidos- aprovecharon la sentencia condenatoria ahora revocada por el Supremo, para llevar hasta la exasperación la estrategia de crispación puesta en marcha por el PP durante esta legislatura con manifiesto desprecio hacia la verdad y la lealtad constitucional. El ridículo paripé organizado en el hemiciclo por los diputados del PP de la Asamblea de Madrid, levantando los brazos para mostrar a las cámaras de televisión las muñecas supuestamente inmovilizadas por unas esposas de plástico de todo a cien, estuvo a la altura del comentario de su presidenta regional, que comparó a la policía española con la Gestapo hitleriana; en el Congreso, el portavoz adjunto Martínez Pujalte -cuyo equivalente taurino hubiera sido antaño El Platanito- forzó con su gamberrismo la expulsión del hemiciclo mientras sus correligionarios vitoreaban a la libertad como víctimas de una dictadura.

La circunstancia de que Rodolfo Ruiz hubiese estado el 11-M al frente de la comisaría de Vallecas -donde se depositó la mochila sin explosionar recogida en uno de trenes de la muerte- dio rienda suelta a las insidias de los padrinos de la teoría de la conspiración sobre las conexiones entre el PSOE y una supuesta trama policial responsable del atentado. Si la sentencia del Supremo ha lavado el honor de los condenados, la prensa que les revolcó en el barro jamás dará un paso para reparar su linchamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de julio de 2007