Sellado un bipartito en minoría para Vilagarcía

Cuando no se han cumplido dos semanas desde su proclamación como alcalde y en apenas 48 horas, el nuevo regidor de Vilagarcía, Enrique León, ha tenido que formar un gobierno en minoría y rediseñarlo cuando el BNG aceptó configurar un bipartito y uno de sus concejales le presentó la dimisión. Ahora, el PP también ha cuestionado la legalidad de su nombramiento ante la Junta Electoral.

El primer escollo para alcanzar una mayoría de gobierno no está superado a pesar de que ayer socialistas y nacionalistas sellaron el pacto, ya que se quedan a un escaño de la mayoría. En esta situación, ni León ni las instancias provinciales del partido descartan que las negociaciones con IU puedan cuando menos traducirse en apoyos puntuales por parte de su portavoz, Juan Fajardo, y los otros dos concejales que integran esta formación.

Así, el BNG se repartirá entre sus tres concejales las áreas municipales de Promoción Económica, Bienestar Social, Sanidad. La primera tenencia de alcaldía será para su portavoz Xosé Castro Ratón, que además Asumirá las competencias de Cultura. Tanto Enrique León como Castro Ratón se mostraron satisfechos por la formación de un gobierno de coalición en el que "unos y otros han cedido", según manifestaron ayer.

Recurso del PP

Entre tanto, Tomás Fole, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Vilagarcía, presentó un escrito ante la Junta Electoral de Zona para que ésta se pronuncie sobre si León incurrió o no en una ilegalidad al presentarse a las elecciones. El PP cree que el hecho de que Enrique León no esté jubilado sino en situación de segunda actividad como ex comisario, le inhabilita para presentar candidatura. Además, advierten de que el sueldo que percibe del Estado sería incompatible con el del ayuntamiento.

El alcalde explicó ayer que, efectivamente, se encuentra "en la reserva pero sin destino", lo cual legitima su derecho al sufragio pasivo o a ser alcalde electo. El ex comisario afirmó que antes de aceptar la candidatura por el PSOE contó con los informes preceptivos de la asesoría jurídica de la Policía y el dictamen del abogado del Estado de Interior.