El fin de la ocupación

"Hemos tardado más de un año en conseguir que se vayan. No se puede echar todo a perder por la lentitud de la burocracia del Ayuntamiento", advertía por teléfono a media mañana de ayer la propietaria de una manzana de viviendas ubicada frente al puente de la Barqueta de Sevilla, en el barrio de la Alameda. El aviso se lo está lanzando a un interlocutor de la empresa municipal de limpieza (Lipasam), que le acaba de dar un plazo de "dos o tres días" para ir a limpiar los desechos que han dejado alrededor de un centenar de ocupas, en su mayoría de origen rumano, que abandonaron ayer el inmueble por orden judicial.

La propietaria lo tiene todo listo para tapiar las casas y evitar que vuelvan a entrar, pero no puede hacerlo hasta que retiren la basura que se acumula en algunas casas. La ocupación ilegal, que empezó en marzo de 2006, se ha resuelto al final en cinco días. Los que marcaba el plazo de la orden de desalojo dictada por el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. "Ha sido más fácil de lo que esperábamos", reconoce la propietaria, que prefiere no dar su nombre. "Porque las calumnias quedan. A mí me han acusado de traer a los rumanos para echar a los inquilinos, de querer que esto se cayera", explica.

"Me han acusado de traer a los rumanos para echar a los inquilinos legales"

El ultimátum del juez cumplía ayer y aunque la policía se presentó en el edificio a primera hora de la mañana, no tuvo que intervenir. Todos los ocupas (una decena de españoles y casi un centenar de rumanos) habían ido abandonando las casas en los últimos días para evitar problemas con la justicia. Aunque, según la propietaria y las cinco familias con título legal de alquiler, antes de marcharse se han llevado tuberías, sanitarios y cualquier objeto susceptible de ser vendido. Atrás han dejado algunas tablas de madera, restos de comida y un olor nauseabundo.

La sociedad propietaria (Barqueta Sociedad Civil) y la Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso (Otainsa) se reunirán hoy para decidir el futuro del edificio. "Lo lógico es rehabilitarlo. Los inquilinos con contrato tendrán que irse fuera mientras duren las obras y luego podrán volver", aseguraba ayer la dueña. Pero los arrendatarios no terminan de creérselo. Sospechan que la intención es construir viviendas de renta libre y aseguran que llevan tiempo soportando "presiones" para que abandonen el edificio. "Me parece bien que lo arreglen pero me tendrán de alojar en otro sitio porque yo no tengo dinero para irme a ninguna parte", explicaba ayer María Barrera.

Se suponía que tenía que ser un día de alivio tras los meses de difícil convivencia con los ocupas, pero María, su marido y su vecina más cercana llevan un día sin agua. "Como han robado las tuberías esto pasa cada dos por tres. Se lo he dicho a la dueña, pero dice que hoy tiene cosas más importantes que solucionar", lamenta la vecina.

Mientras una cuadrilla de tres albañiles tapian las puertas de las viviendas que han quedado vacías y sin basura en su interior, dos guardias de seguridad contratados por la dueña colocan candados en las puertas de las casas a las que aún no han llegado los obreros. "Los guardias vigilarán el edificio día y noche hasta que todas las casas estén tapiadas", explica la dueña.

Algún ex ocupa de origen rumano merodea todavía al mediodía por el edificio, pero desiste ante la presencia de dos agentes de la policía local. El que sí se atreve a protestar es un ex inquilino ilegal español, que ha estado viviendo en el inmueble con su mujer dos años y, como el resto, se tuvo que marchar ayer. "Ahora estoy en la calle y no me queda más remedio que delinquir", aseguraba. "Podían haber hecho alguna excepción. Yo no daba problema como otros".