La UE emplaza a España por el transporte en la ría de Vigo
La Comisión Europea remitió ayer a España una carta de emplazamiento, primer paso firme en el expediente de infracción, por incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el monopolio en el servicio de transporte marítimo en la ría de Vigo. La Comisión entiende que este servicio de pasajeros contraviene la libre prestación de servicios de cabotaje marítimo en el interior de los Estados miembros.
Hace meses la Comisión había exigido al Gobierno español el acatamiento de la sentencia. La Xunta hizo caso omiso al requerimiento con el argumento de que la liberalización de ese transporte sería deficitaria y podría provocar la ausencia de esos enlaces vitales para la península del Morrazo.
En marzo de 2006, el Tribunal de Justicia falló que, al mantener en vigor una disposición legislativa sobre las condiciones de prestación de servicios marítimos en la ría de Vigo, España incumplía las obligaciones que impone la normativa europea.
Las autoridades españolas tienen ahora un plazo de dos meses para comunicar al Ejecutivo comunitario las medidas que han tomado para cumplir con el dictamen del tribunal europeo. Si no lo hacen, la Comisión puede adoptar sanciones y, en caso de desacuerdo, España tendría la opción del recurso al Tribunal de la UE.
En una sentencia precedente, el alto tribunal comunitario había declarado ilegal el régimen adjudicatario a un solo operador en el transporte marítimo de la ría de Vigo y censuró que una única empresa obtenga una concesión administrativa de 20 años, prorrogable por un plazo de 10. Esta situación "puede obstaculizar o incluso impedir la prestación de dichos servicios por empresas establecidas en otros Estados miembros y constituye, por tanto, una restricción a la libre prestación de servicios", afirmaba la sentencia.
Contenedores
Por otra parte, la Comisión Europea hizo pública su decisión de denunciar a España ante el tribunal de la UE por la escasez de contenedores en sus puertos para recoger los desechos generados por los buques, lo cual implica que se arrojen al mar todo tipo de residuos.
Según Bruselas, junto a Alemania y Estonia, España incumple la Directiva del año 2000 que pretende proteger el medioambiente marino en las costas europeas mediante una mejor disponibilidad y uso de las instalaciones destinadas a la recepción y tratamiento de desechos y residuos.
También recuerda otros aspectos fundamentales de la Directiva, en particular la aplicación de tarifas justas, transparentes y no discriminatorias.
La Comisión recuerda que todos los Estados miembros de la Unión deberían haber elaborado sus respectivos planes para el cunmplimiento de esta directiva en los puertos antes del 27 de diciembre de 2002.
