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¿Tiene sentido ejercer de oposición?

Joan Subirats

En estos días de resaca electoral, vamos conociendo el lento goteo de las renuncias a tomar posesión de aquellos aspirantes a alcalde, concejal, o (en muchas partes de España) presidente o diputado de la comunidad autónoma. Tras los casos más flamantes y llamativos de Jaume Matas o de Maria de la Pau Janer, hay muchos más en algunos parlamentos autónomos o en tantos y tantos ayuntamientos. La primera impresión que a uno le produce ese desistimiento a ejercer el papel de opositor al gobierno en el que uno pretendía estar, es la de un cierto fraude al elector. ¿Cómo recibiría la ciudadanía la confesión de un candidato que manifestara que él o ella sólo se presenta para ganar, y que en caso de no conseguir la mayoría necesaria para gobernar, piensa renunciar inmediatamente al honor de representar a los sectores de la población que simpatizan con sus ideas? Parece predominar la sensación de que estar en la oposición es una pérdida de tiempo. En cambio, una de las condiciones de legitimidad del sistema es, precisamente, la existencia institucional de la oposición política como señal constante de que el recambio en las élites gobernantes es posible. Conviene recordar que nos referimos explícitamente a la oposición política institucional, en sede parlamentaria o de consejo de gobierno municipal, y no a la oposición que desde fuera de ese orden institucional pueda existir y ejercer como tal.

Decía el político conservador británico de mediados del siglo XIX Benjamín Disraeli: "No hay gobierno alguno que pueda sentirse seguro sin una oposición potente". Pero también nos advertía el sarcástico y también conservador Giulio Andreotti que "hay algo que erosiona más que estar en el gobierno, estar en la oposición". Lo cierto es que difícilmente político alguno puede presumir de carrera política sostenible y sólida sin el ejercicio de humildad, pero también de recarga ideológica de pilas y esperanzas, que implica estar y ejercer de oposición. En este sentido, hemos visto en Cataluña que políticos de distinto signo han rehusado estar en el Gobierno en posiciones relativamente periféricas y marginales, prefiriendo pasar una legislatura en la oposición con la esperanza de que ello contribuya a clarificar posiciones y rearmar fuerzas y voluntades. Es evidente que en este país estamos más cerca del "al enemigo ni agua" que del aforismo que define la oposición en el sistema británico como la "leal oposición de Su Real Majestad". Pero ello demuestra nuestra flaca memoria y nuestras aún débiles actitudes políticas que nos impiden sistematizar y recuperar formas de proceder que han resultado provechosas para aquellas fuerzas políticas que las han practicado. No podríamos explicar la gran oleada de proyectos, de esperanzas programadas, de esfuerzos individuales y colectivos almacenados que florecieron en los primeros años del posfranquismo, sin hacer referencia al movimiento político que se enfrentó a su autoritarismo y represión, a lo largo de años. Y, al mismo tiempo, sabemos que sin las bases de profesionales y técnicos formados a la sombra del tardofranquismo no hubiera sido posible ni siquiera imaginar la aventura olímpica en la Barcelona y la Cataluña de 1992. ¿Es casualidad que algunas de las realizaciones más presentables de los años de Pasqual Maragall (Ley de Barrios, ordenación de costas...) fueran precisamente las que más preparadas fueron en experiencias como las de los gobiernos en la sombra? Cualquiera que repase los primeros meses del Gobierno laborista de Tony Blair, se dará cuenta de que detrás de la aparente contundencia y rapidez de respuesta del primer blairismo, existía una concienzuda preparación de think tanks, de gabinetes y equipos de trabajo que en el marco de la oposición forjada ante el fenómeno Thatcher y la reformulación del ideario laborista tuvieron que hacer Blair, Anthony Giddens y tantos otros profesionales, dirigentes de entidades y expertos en muy distintos campos.

Muchos partidos saben los altos costes que pagan por cambiar constantemente de caballo en cada elección. No hay nada peor que pretender ser lo que no eres. Y si no has ejercido de oposición, si no has batido el cobre en sesiones aparentemente anodinas de gestión, sabiendo pasar del caso a la categoría, y por tanto de la anécdota a la política, tu posición política en el futuro se verá claramente debilitada. El caso de Maria de la Pau Janer nos demuestra con claridad lo que estamos comentando. Su renuncia expresa la impostura de su anterior compromiso. Si ya enajenó las iras de muchos fieles del PP que se vieron defraudados personal y políticamente, ahora las peores sospechas se han confirmado. La política es conflicto, y la oposición es, en palabras de Ionescu y De Madariaga, la forma más avanzada e institucionalizada de ese conflicto político. Bienvenido sea un refuerzo de las oposiciones políticas en ayuntamientos y comunidades autónomas, porque esa es una buena señal de vitalidad política de una sociedad. Si encima de que la gente va poco a votar, los que pueden ejercer con dignidad y visibilidad de oposición leal, pero conflictiva, al poder político institucionalizado prefieren irse a quedarse y trabajar, las cosas no nos podrán ir peor. En este sentido, tiene plena vigencia la idea de reforzar institucionalmente, con recursos y con reconocimiento de su dignidad, a la oposición política al poder constituido, sea cual sea ese poder. Si no es así, la democracia nos aparecerá defectuosa y en parte fraudulenta, ya que no garantiza suficientemente la pluralidad en el sistema político y no selecciona y mantiene plenamente activos a los mejores en una lógica de conflicto político que es al mismo tiempo inevitable y conveniente. Busquemos la vitalidad política del sistema político catalán no sólo en la fuerza y legitimidad de sus gobiernos (hoy cuestionada en parte por la alta abstención), sino también por la fuerza, presencia y marco de reconocimiento institucional de sus distintas manifestaciones opositoras. Todos acabaremos ganando con ello.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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