La inspección propone expedientar a una juez con 148 sentencias pendientes, algunas de juicios de hace tres años

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá hoy si abre expediente a la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, María del Rosario Fernández Hevia, por una falta muy grave de retrasos reiterados. La juez tiene 148 casos pendientes únicamente de la sentencia. Decenas de esos asuntos llevan parados más de un año y uno espera su resolución desde hace tres. Las faltas muy graves se sancionan con separación temporal o definitiva de la carrera o traslado forzoso.

El Servicio de Inspección ha solicitado al menos en cuatro ocasiones sin éxito a la juez que explique las dilaciones de su juzgado. Ante la falta de respuesta, los inspectores pidieron información a la secretaria del órgano judicial, que el pasado 23 de marzo certificó que 148 asuntos estaban pendientes de sentencia.

El retraso más escandaloso se refiere a un proceso cuya sentencia fue anulada por la Audiencia Provincial de Oviedo. El caso fue devuelto al juzgado de Fernández Hevia el 3 de marzo de 2004 sin que, hasta el momento, se haya dictado nueva sentencia. En total, el procedimiento lleva paralizado tres años.

Entre el catálogo de casos pendientes se encuentra también otro juzgado el 7 de marzo de 2005 y que todavía no ha sido resuelto (más de dos años parado). Otros dos llevan pendientes de sentencia un año y 10 meses, y otros 18 están parados desde hace 15 meses. De todos los juicios celebrados en 2006, 81 carecen aún de sentencia. De los 148 asuntos de los que informó al Consejo la secretaria judicial, 25 correspondían a juicios rápidos.

Los inspectores consideran que dichos retrasos pueden ser constitutivos de "desatención o retraso injustificado y reiterado en la incoación, tramitación o resolución de procesos y causas en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". Por desobedecer las solicitudes de información, los inspectores le imputan una falta grave -sancionada con multa de 300 a 3.000 euros- por incumplimiento de requerimientos del CGPJ o en su defecto una falta leve castigada con advertencia o multa de hasta 300 euros.