"Devuelvo mi sueldo si doy positivo"

Hace unos meses, Don Catlin, entonces director del laboratorio antidopaje de Los Ángeles, lanzó al aire una idea perversa. "No hagamos controles antidopaje generalizados a todos los deportistas", dijo; "es una pérdida de tiempo y de dinero. En su lugar, hagámoslos sólo a aquéllos que quieran. Que se apunten en una lista los que deseen ser controlados. A los demás ni les molestaremos. Podrán participar en todas las competiciones que quieran sin control". Pensaba, con cierta anticipación, Catlin, que pobrecitos de aquéllos que no se adhirieran. Más les valdría desaparecer del mapa.

Una lógica similar, la de la conocida lista negra al revés o caza de brujas a la inversa, es la que alienta la última medida de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en su intento de sacar al ciclismo del atolladero jurídico-legal-deportivo-mediático-social al que lo ha llevado la Operación Puerto. Su presidente, Pat McQuaid, lo denominó ayer, durante su presentación en Ginebra, "compromiso por un ciclismo nuevo" y consiste fundamentalmente en una carta que comienza así: "Les juro a mi equipo, a mis colegas, a la UCI, al mundo ciclista y a la afición que no he hecho trampas, no he estado implicado en el asunto Fuentes y en ningún otro caso de dopaje. Estoy dispuesto a dar una muestra de mi ADN a la justicia española para que pueda ser comparada con las bolsas de sangre de la Operación Puerto y me comprometo a ingresar un año de mi salario al fondo de la UCI para la lucha contra el dopaje si se descubre que he violado el reglamento antidopaje".

"Juro que no he hecho trampas y que no estoy implicado en el 'caso Fuentes", dice el texto

Dos corredores, el británico Mark Cavendish (T-Mobile) y el francés Sandy Casar (La Française des Jeux) firmaron en el acto, en presencia de McQuaid. Su nombre figurará en lo más alto de la lista pública que actualizará permanentemente la UCI en su página web y que funcionará como mayor argumento para firmarlo antes del 7 de julio, fecha de salida del Tour.

"El documento no tiene mayor valor legal, sólo moral", explicó Anne Griper, cerebro antidopaje de la UCI, "pero seguro que lo firman todos; no por razones legales, sino por la presión social que se generará".

De todas maneras, y vistas las cosas, todos los equipos del Tour, presentes en el acto, se comprometieron, a petición de la UCI, que se lo exigió directamente, a no alinear a aquéllos que no lo firmaran. Y, por si acaso, el Tour -la fuerza detrás de todos los movimientos y reuniones de las últimas semanas- aclaró aún más la situación. "Nos opondremos a la presencia en la salida de Londres de los ciclistas que no firmen el juramento", dijo Christian Prudhomme, director del Tour; "en los momentos actuales, en que prima más el principio de culpabilidad que el de inocencia, se impone el principio de precaución".

El juramento de Ginebra es la única salida que han encontrado la UCI y el Tour para solucionar un problema enquistado: a ninguno de los ciclistas sospechosos de estar implicados en la Operación Puerto se les puede suspender oficialmente, ya que la justicia española no permite que se usen las pruebas obtenidas en la investigación de la Guardia Civil para sanciones administrativas.

El sindicato español de corredores criticó con dureza una iniciativa que obliga a los equipos a aplicar el principio de autosuspensión y que compromete directamente al corredor. "A uno le dejan sin palabras. Es una más contra los ciclistas, pero han hecho ya tantas...", declaró a la agencia Efe Pipe Gómez, presidente de la ACP; "es algo que vulnera los derechos fundamentales. Aquí solo se habla de dinero, pero se han perdido ya cosas más importantes".