Víctimas del metro piden que el Consell responda de un delito contra la seguridad

Familias de las víctimas que se opusieron al cierre en falso de la investigación sobre el accidente del metro en Valencia plantean una nueva batalla. No les basta la reapertura del caso decidida por la juez porque entienden que estrangula vías de investigación sobre la falta de medidas de seguridad ante un riesgo previsible y sobre la responsabilidad que se deriva de ello. Por tanto, recurrirán para que se practiquen pruebas encaminadas a probar que el Consell, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Doce familias de víctimas del accidente de la línea 1 del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio de 2006 en la estación de Jesús, no se conforman con la reapertura del caso dictada por la juez que instruye el caso, Nieves Molina. Para ellas, reabrir el caso bajo la premisa de que el único responsable fue el maquinista, aunque la existencia de una baliza de frenado hubiese evitado el siniestro, como reconoce la juez, no es suficiente. Coinciden con ella en que el riesgo era previsible, pero opinan que son responsables quienes no adoptaron la decisión de colocar una baliza que limitase la velocidad a la entrada de la curva donde se produjo el descarrilamiento, en el que murieron 43 personas y 47 quedaron heridas. Esa responsabilidad sería de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y, por tanto, del Consell, por un delito contra la seguridad de los trabajadores con efecto sobre los pasajeros del metro.

Así se lo van a defender ante la magistrada en sendos recursos. La juez dice en el auto que la baliza que limita la velocidad no fue considerada una medida de seguridad esencial por la Administración, ni cuando se creó la línea en 1988 ni en años sucesivos. Las familias de las víctimas consideran que el hecho de que no existiera esa medida cuando se creó la línea no exime de la obligación de incorporarla para minimizar riesgos objetivos cuando éstos se conocen. Las balizas de frenado automático no se instalaron, a pesar de las advertencias en actas del comité de seguridad que constan en la documentación de FGV.

La magistrada llega a sugerir que podrían ser responsables todos los que han tenido un papel en la gerencia de ese servicio público. Las acusaciones particulares no entienden cuál es el problema que se deriva de ello. Vicente Baeza, uno de los letrados, dijo ayer: "Si son responsables, que se depure penalmente esa responsabilidad en los que no haya prescrito". Según el propio Baeza y Manuel Mata, también abogado personado en la causa, podría existir un delito contra la seguridad de los trabajadores porque es obvio que en el caso de la conducción de la línea 1 en el punto del accidente no se daban las medidas adecuadas. El maquinista asumía un riesgo al no tener alternativa para frenar si no era mediante su propia acción. Y ese riesgo existía para el maquinista, que falleció, y para los demás. El conductor no es el único sujeto pasivo, como cree la juez, según las acusaciones. Ponen ejemplos. ¿Qué ocurre si un autobús tiene un accidente porque los frenos que lleva no son los adecuados y los pasajeros resultan heridos? Esos pasajeros son víctimas de un delito contra la seguridad de los trabajadores, como los viandantes a los que les cae un obrero accidentado por un mal anclaje de un andamio. Por ello, las víctimas pretenden que se depuren responsabilidades penales en FGV y la consejería, que no destinaron el dinero para que la línea contara con la seguridad suficiente. De hecho, la baliza se colocó después del siniestro.

La responsabilidad penal, de todas maneras, es difícil de establecer. En el caso del cámping de Biescas (Huesca), donde murieron 87 personas a causa de una avalancha en agosto de 1996, la Audiencia Nacional acabó estableciendo, sólo por la vía civil, la responsabilidad de la Administración por mal funcionamiento de un servicio público, al no haber tenido en cuenta un riesgo cierto de un fenómeno imprevisible.