Delitos de cárcel

Todo apunta a que antes de que termine el año las faltas graves de tráfico rebasarán lo puramente administrativo y se extenderán a lo penal. Parece bastante lógico que así sea, pese a una reciente decisión del Tribunal Constitucional que señalaba que un índice de alcoholemia superior al permitido no mermaba las capacidades psicofísicas del conductor.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, IU y PNV, han presentado una propuesta para que se apliquen penas de cárcel por excesos de velocidad y alcoholemia. El proyecto contempla entre tres y seis meses de prisión en casos de que se rebase el límite de velocidad e igual pena para aquellos conductores que sobrepasen la tasa de alcohol en sangre superior a 1,20 gramos por litro. El grave problema de los accidentes de tráfico no se resuelve sólo con el endurecimiento del castigo. Sin embargo, es hora ya de que los conductores entiendan a base del rigor de la ley que las imprudencias al volante causan víctimas inocentes. Aun cuando es verdad que las sanciones administrativas a través de multas más severas y la entrada en vigor del carné por puntos han podido transmitir cierta sensación de temor, es evidente que no basta.

La siniestralidad vial tiene que ver ante todo con la educación cívica, que empieza en el hogar y en la escuela, pero también es crucial en ella la responsabilidad del Estado, tema sobre el que se suele pasar de puntillas. Las campañas de prevención pueden ser más o menos útiles, al igual que las sanciones. Pero es igualmente obligatorio y urgente por parte de la Administración pública invertir en la modernización a fondo, la mejora de la señalización y el mantenimiento adecuado de las carreteras. De todas.