Once transportistas del Puerto de Valencia, acusados de amenazas
La juez afirma que Transcont coaccionó a otros camioneros
Once miembros de Transcont (Asociación Provincial de Autopatronos Empresarios de Transporte de Contenedores del Puerto de Valencia) están acusados de asociación ilícita, delito de amenazas, de coacciones y de dos faltas de lesiones al organizar una trama para evitar que camioneros ajenos a su entidad operaran en el Puerto. El Juzgado de Instrucción número dos de Valencia propone la apertura de juicio oral.
La instrucción no ha sido fácil. Los obstáculos muchos, según quienes han participado en ella. Miedo, amenazas, pruebas destruidas y advertencias personales y profesionales han dificultado una investigación se inició en marzo de 2005 y que concluye ahora, más de dos años después.
El auto de la juez es claro. Transcont, una de las grandes asociaciones donde se integran los empresarios del contenedor, "desde mediados de 2004 y con ánimo deliberado de controlar e impedir el acceso al Puerto de Valencia de todos aquellos transportistas de contenedores que no pertenezcan a su asociación, ha creado un censo de camiones para impedir la entrada en las terminales de carga y descarga a los que no pertenezcan a dicha asociación, asignando un número a cada camión y obligándoles al uso externo de una pegatina exigiéndoles el pago de 3.300 a 18.000 euros, sin recibo o justificante de dicho pago". Con ello, dice la juez en el auto de conclusión de las diligencias previas, limitaban "el libre acceso a las terminales públicas de carga y descarga de todos aquellos camiones que no están en posesión del número, lo que les permite el control de los camiones y establecimiento de tarifas aleatorias al haber copado el sector para poder llegar a ser los únicos ofertantes para esta clase de transportes".
Las investigaciones realizadas permiten a la juez afirmar que "Transcont, para llevar a cabo la actuación descrita, ha creado una infraestructura organizativa, de la que forman parte todos los imputados, a través de la cual y con diversas actuaciones, han venido intimidando y coaccionando a los chóferes de los camiones que pretenden acceder en las instalaciones del Puerto de Valencia si no pertenecen a la asociación, llegando incluso a utilizar un vehículo a nombre de la asociación para presionar a los transportistas, intimidarles, amenazarles con que se atuvieran a las consecuencias de posibles daños en sus vehículos".
Entre las actuaciones de los imputados, consta acreditado, según la juez, que el 5 de marzo de 2005, cuando se encontraban reunidos en su sede los miembros de la junta directiva y asociados de la Asociación de Transportista Portuarios Europeos (ATPE), irrumpieron en el local un grupo de personas de Transcont, entre ellos el imputado David Orduña, vicepresidente, y los asociados y también imputados Francisco Javier Sanchis Candel y Juan Carlos Coy, que golpearon a tres miembros de ATPE. Están imputados, además de estos tres, otros asociados, entre los que se encuentran el presidente entonces de Transcont, Alfredo Martínez, y Carlos Ignacio Coy, tesorero. Las partes presentarán ahora su escrito de acusación y defensa.
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