PP y Bloque inician contactos en Foz para tumbar el Plan General y proponer "otro modelo urbanístico"

Las urnas depararon el pasado domingo un futuro incierto al Plan General con el que el alcalde socialista de Foz, José María García Rivera, pretendía poner orden en el convulso urbanismo de su municipio. A pesar de que la candidatura del actual regidor ha repetido como fuerza más votada -el PSdeG obtuvo seis concejales frente a cuatro del PP y tres del BNG- la ausencia de mayorías absolutas deja la aprobación definitiva del planeamiento en manos de la oposición.

Populares y nacionalistas ya han descartado un pacto que arrebate la alcaldía a José María García Rivera, pero coinciden en su intención -explicitada en sus respectivos programas electorales- de rechazar el Plan General de Ordenación Urbana que había sido aprobado inicialmente y que en la actualidad estudia la Xunta de Galicia.

Los cabezas de lista de ambas formaciones reiteraron ayer su voluntad de "tumbar" el planeamiento y redactar otro "más de acuerdo con las necesidades del municipio". La próxima semana representantes de PP y BNG mantendrán una primera reunión que según el portavoz popular, Ángel Cao, podría concluir "no en un acuerdo de gobierno pero sí en un pacto urbanístico". "El alcalde ha propuesto un modelo de espaldas a los vecinos y ahora la situación es distinta porque somos los partidos de la oposición los que tenemos la capacidad de decidir", subraya.

Durante las tres últimas semanas tanto el Partido Popular como el Bloque han hecho de su oposición al Plan General su principal argumento de campaña. El candidato nacionalista Xoan Carlos González Basanta defiende que la única solución aceptable será la retirada del plan. Una medida de la que no quiere oír hablar el actual regidor en funciones. García Rivera se muestra ahora abierto a "negociar modificaciones y a corregir deficiencias" pero no a retirarlo porque eso "equivaldría a perder 20 años de trabajo y 400.000 euros".

García Rivera recuerda que el PSOE fue el partido más votado en las elecciones y advierte de que la anulación del plan supondría la entrada en vigor de unas normas subsidiarias que permitirían a los constructores seguir edificando de acuerdo con los criterios de 1982. "Se podrán volver a solicitar permisos para miles de viviendas y atendiendo a aquella normativa estaríamos obligados a concederlos o a suspender nuevamente las licencias, con lo que agotaríamos el plazo de dos años sin conseguir un nuevo Plan General", amenaza.

En caso de que PP y BNG decidan, como han prometido, votar conjuntamente en contra del Plan General, sería la Dirección Xeral de Urbanismo la que tendría capacidad para impedir un nuevo aluvión de licencias en la localidad lucense.