Una operación audaz

Santander, Royal Bank of Scotland y el banco asegurador belga Fortis acaban de presentar una OPA sobre el primer banco holandés y décimo europeo ABN Amro por valor de 71.000 millones de euros, equivalente a 38,40 euros por acción, operación competidora de la oferta que presentó en su día el británico Barclays. Su envergadura es el primer aspecto llamativo de la operación. Sin embargo, lo que convierte en singular esta OPA es que por primera vez en la historia financiera tres bancos han unido sus fuerzas para comprar otro con el fin explícito de trocear la entidad y rentabilizar cada uno de los adquisidores el segmento del que se apropian; y también por primera vez una alianza de bancos acude al mercado buscándose cada uno de ellos su propia financiación. Está claro que es una operación audaz e innovadora.

Si la OPA del Santander y sus socios se impone a la de Barclays -y por el momento tiene las de ganar, puesto que ofrece casi un 14% más a los accionistas-, una de las consecuencias inevitables es que casi todos los bancos mundiales empequeñecerán un poco. Porque por muy grandes que sean, si sus áreas de negocio o mercados geográficos son segregables, siempre estarán a tiro de una alianza circunstancial de bancos dispuestos a comprarlos de forma conjunta, segregar sus partes y rentabilizar cada una de ellas. La lógica empresarial es implacable, tal como lo expuso el ejecutivo del Royal Bank of Scotland Fred Goodwin: "Si yo adquiriera el Banco Real no conseguiría las mismas sinergias que el Santander, porque no estoy en Brasil. También yo soy capaz de sacar más provecho de Lasalle [banco estadounidense que controla ABN Amro y que fue objeto de un contrato de venta previo a Bank of America que ahora se quiere renegociar] que mis socios". Ésa es la lógica de la rentabilidad que explica la segregación de activos y mercados.

Pero una operación tan innovadora no podía estar exenta de riesgos y fricciones. Las autoridades holandesas han expuesto, con razón, que el troceamiento de ABN Amro implicará la destrucción de más de 10.000 empleos, cuyo coste se trasladará a la Hacienda Pública holandesa. Una vez más, la lógica de la libertad de movimiento de capitales -que debe ser respetada, por supuesto- tiene consecuencias inquietantes cuando se aplica sin resolver los problemas legales y sociales previos.