El derecho constitucional a la vivienda

Si fuera por los programas de los tres principales partidos políticos, después del 27-M el acceso a una vivienda digna sería mucho más fácil para todos los españoles. A lo largo de estos 15 días de campaña municipal y autonómica no han dejado de escucharse fórmulas mágicas en forma de propuestas para solventar un problema -un derecho constitucional- que, según las encuestas, preocupa cada vez más a los ciudadanos.

Con el precio medio de la vivienda en torno a los 2.510 euros por metro cuadrado, según la Sociedad de Tasación, los menores de 35 años son el segmento de la población que tiene más difícil el acceso a una casa. De ahí que la mayoría de los partidos políticos, cada uno a su manera, busquen su voto.

Un vistazo a los programas marco de las tres principales formaciones da buena cuenta de la intención de cada una. En el PSOE, el partido que más propuestas en materia de vivienda hace, optan por fomentar el alquiler; Izquierda Unida pide dar una salida a las casas vacías, y el PP apuesta por mejorar las condiciones de las hipotecas. Obviando las dificultades del mercado y dando por hecho, se entiende, que cualquiera puede comprar un piso.

VIVIENDAS DE ALQUILER. La apuesta del PSOE

Poco concreto y lleno de retórica, el programa marco del PSOE en materia de vivienda pone especial énfasis en fomentar el alquiler. Los socialistas se comprometen a crear parques destinados especialmente a los jóvenes, familias monoparentales y mujeres con cargas familiares. Además, cada municipio creará un plan específico de vivienda y programas de apartamentos o viviendas compartidas. Todo, dicen, enfocado a la población más joven, aunque en ningún caso se especifica el límite de edad. Los socialistas también se comprometen a destinar al alquiler el 40% de los pisos protegidos de promoción pública.

Izquierda Unida apuesta por promover la vivienda en alquiler, partiendo de la creación de un Plan de Vivienda de Alquiler "a precios asequibles". Además, la formación de izquierdas considera necesario que las casas arrendadas estén autogestionadas por cooperativas que se encargarán de construirlas. Creen en el partido que ésta puede ser una de las vías de acceso a una casa para el colectivo juvenil.

La propuesta más inconclusa a este respecto es, sin duda, la del Partido Popular. "Incentivaremos la vivienda en alquiler para convertirla en una alternativa real y atractiva", reza una de las proposiciones de los populares en su programa marco para esta campaña. Y hasta ahí se puede leer.

INMUEBLES VACÍOS. Incrementar el IBI

Cuando Ezker Batua, formación que controla la Consejería de Vivienda en el Gobierno vasco, propuso a principios de este año que se impusiese un canon diario de nueve euros a los pisos vacíos, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. El titular del Departamento, Javier Madrazo, aseguró que es "un lujo inadmisible que propietarios tengan su vivienda absolutamente desocupada y sin ningún uso". La realidad es, sin embargo, que en España actualmente hay tres millones de casas vacías, algo que no es ajeno a los partidos políticos, a excepción del PP. Los populares no hacen ni una consideración al respecto en su programa marco.

Izquierda Unida, siguiendo la línea iniciada en el País Vasco, busca favorecer la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas. Para ello, el tipo impositivo de éstas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) será el general incrementado en un 50%. Para que esta medida llegue a buen puerto, IU se compromete además a crear registros municipales de viviendas desocupadas o establecer "aquellos otros mecanismos que disponga la legislación aplicable en la materia". La única solución que plantean en su extenso programa los socialistas es la creación de un plan de promoción y creación de nuevas ayudas para los propietarios de los inmuebles desocupados que se ofrezcan a arrendar a los jóvenes las casas, a un coste equivalente al de las viviendas de promoción pública en alquiler.

VIVIENDAS PROTEGIDAS. Buenas intenciones

La parte de los programas que está llena de mejores intenciones es la referida a las viviendas protegidas. Tampoco en este caso los partidos se ponen de acuerdo. Cada uno propone una cosa diferente, envuelta, eso sí, en la mejor retórica posible.

El PSOE promete reservar un 50% de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) a los sectores menos favorecidos económicamente, sin aclarar los límites de dicha consideración. Además, el programa socialista habla de la elaboración de planes de choque para la creación de viviendas de protección pública "mediante el impulso y el liderazgo municipal". Amén de la creación y promoción de importantes patrimonios públicos de suelos para la promoción pública de viviendas, cuyo uso preferente será para viviendas de protección pública.

La apuesta de Izquierda Unida tampoco es que sea muy precisa. La formación se compromete a realizar políticas de gestión de suelo público para la construcción de viviendas protegidas, mediante el uso de las figuras legales que sean precisas. Sin dar más detalles, claro.

Mientras tanto, el PP, siempre y cuando se tenga en cuenta las circunstancias de cada ayuntamiento, promete que entre el 25% y el 50% del suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos estará dirigido a la construcción de viviendas de protección pública.

HIPOTECA. La obsesión del PP

Tal y como está la situación para acceder a una vivienda nueva, no es de extrañar que ningún partido haga referencia a una mejora de las condiciones de las hipotecas. Más aún si, como ha alertado el Fondo Monetario Internacional, España podría caer en un periodo de crecimiento lento si los hogares reducen su consumo ante el gran peso de las hipotecas en la economía familiar.

El Partido Popular, sin embargo, parece ir contracorriente. De las ocho propuestas que se incluyen en su programa marco en materia de vivienda, los populares dedican tres a solucionar el pago de hipotecas.

Entre otras actuaciones, el PP pretende desarrollar programas de hipoteca joven e hipoteca familia para los menores de 35 años y que las familias numerosas puedan acceder a préstamos de interés con ayudas y avales de las Administraciones públicas. Los populares se comprometen además a rebajar la carga que grava la constitución de hipotecas y la compra de vivienda habitual. En cuanto a la tercera propuesta, el PP pretende reducir la imposición indirecta sobre la constitución de hipotecas mediante una bonificación del 90% en la modalidad de actos jurídicos documentado para la vivienda habitual de menores de 35 años y familias numerosas.