El TSJ suspende por la falta de recursos hídricos el PGOU de Benimuslem

La falta de recursos hídricos vuelve a paralizar un proyecto urbanístico. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la comisión territorial de Urbanismo de la Consejería de Territorio que aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benimuslem, un pequeño pueblo de la Ribera Alta de 600 habitantes que preveía construir 1.500 nuevas casas e incrementar en un 200% su población. El alcalde, Tomás Ribera, del PP, admite que hay agua "suficiente, pero de mala calidad" para los nuevos residentes.

La sección primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aceptado el recurso que en su día presentó la Subdelegación del Gobierno de Valencia contra la aprobación del nuevo PGOU de Benimuslem, una localidad próxima a Carcaixent y Alzira, que en la actualidad tiene 370 casas y que con el nuevo planeamiento urbanístico tenía previsto aumentar en 1.500 nuevas viviendas y aumentar su población en un 200% sin tener que garantizar los recursos hídricos. La sentencia del TSJ, del pasado 14 de mayo, suspende cautelarmente la aprobación del PGOU del 31 de julio de 2006. La sala argumenta su decisión en informes de la empresa suministradora del agua potable EGEVASA en los que reconoce que "con las instalaciones actuales y los caudales disponibles no es posible el abastecimiento al nuevo PGOU" e insta al Ayuntamiento a buscar "una fuente de suministro alternativa, así como realizar las infraestructuras necesarias para el adecuado abastecimiento de agua potable". La sala repasa varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje que se verían afectados por el PGOU. Por este motivo, estima que prospere la pretensión de suspensión instada por la Delegación del Gobierno puesto que "resulta evidente que en el momento de la redacción del Plan no existe caudal suficiente para hacer frente a la nueva urbanización, lo que compromete notablemente su ejecución". En la sentencia consta que en caso de "materializarse la urbanización puede ocurrir que la insuficiencia de recuros hídricos diera al traste con las expectativas de terceros amparados en la ejecución del plan propiciado y aprobado por la Administración", además admite que la Administración se compromete al día de mañana encontrar recursos hídricos suficientes, "pero en el momento de la aprobación del plan ni se sabe a ciencia cierta dónde pueden estar estos recursos, qué cantidad puede proporcionar y sobre todo de qué calidad", indica la sentencia.

El alcalde, Tomás Ribera, del PP, dijo ayer por la tarde desconocer por completo los términos de la sentencia y explicó: "Tenemos mucha agua, aunque no sea de muy buena calidad, tiene una gran cantidad de nitratos, pero se puede tratar para poder abastecer al pueblo". El alcalde, que admitió que las obras de reparcelación ya han comenzado, asegura tener informes de la Confederación del Júcar que garantizan el agua y enmarca la polémica en la "bronca" entre la Generalitat y el Gobierno central. "Y a mí me han cogido en medio", confesó.