La Audiencia de Málaga anula las escuchas del 'caso FARA'

La Audiencia de Málaga ha anulado, como solicitó la defensa, las escuchas telefónicas del caso del supuesto desvío para uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (FARA). La Sala Segunda, por el contrario, mantiene como pruebas las diligencias de entrada y registro de la sede de la FARA, así como la documentación intervenida.

La Audiencia también ha estimado la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil para el acusado, J.M.E.P., por el que se enfrentaba a dieciocho meses de prisión.

En este proceso hay otros 15 imputados, para los que el fiscal pide 88 años de cárcel por supuestos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda pública, coacciones y amenazas, en este caso respecto al anterior consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña. Entre los imputados figura el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas, así como el presidente de la Asociación Pro Derechos de los Gitanos y Gitanas (Prodegi), José Maldonado Sandoval

La defensa se basó para impugnar las intervenciones telefónicas en una resolución del Tribunal Supremo que declaró nulas unas escuchas de otro proceso que surgió a raíz de las diligencias de las que se desglosó el caso FARA.

El fiscal se opuso a la nulidad de las escuchas, al entender que se cumplieron las garantías constitucionales, y agregó que se decidió "judicializar" las diligencias del caso FARA una vez que se dispuso de información suficiente recabada en la investigación, con datos de la Agencia Tributaria y registros de la propiedad.

La investigación de este caso determinó la propiedad de inmuebles, de una flota de vehículos de lujo y de cuentas bancarias, así como la percepción de rentas no declaradas fiscalmente procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.

Según el Ministerio Público, para lograr el presunto apoderamiento ilícito de subvenciones, los acusados emplearon, "distintos procedimientos tales como continuos traspasos de dinero, facturas falsas, recibos duplicados y contrataciones ficticias de trabajadores".

Esta federación recibió entre 1997 y 2001 subvenciones y ayudas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las consejerías de Asuntos Sociales, Empleo y Trabajo de la Junta, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, las diputaciones de Málaga y Almería, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y el Ayuntamiento de Antequera.