Barberá dio las licencias para construir la subestación

El Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá, se ha pasado dos años repartiendo responsabilidades a diestro y siniestro por la subestación de Patraix mientras rehuía las propias. El plan general urbano (PGOU) aprobado por los socialistas en 1989, y el Ministerio de Industria, ahora gobernado por el PSOE, han sido para los populares los culpables de que exista la polémica instalación. Sin embargo, ni el PGOU ni el ministerio han sido determinantes para decidir que la infraestructura se levantara rodeada de viviendas. Las obras comenzaron con licencia del Ayuntamiento y la subestación funciona con un permiso municipal de actividad inocua.

El equipo de gobierno del PP ha modificado en no pocas ocasiones el plan general para reubicar instalaciones o dar nuevos destinos a suelos previstos para equipamientos. No lo ha hecho en el caso de Patraix, como le pidieron los vecinos afectados, la oposición y la Síndic de Greuges, Emilia Caballero. El PGOU redactado en 1988 reservó la parcela a una infraestructura básica de servicio. Existía entonces una pequeña estación eléctrica que usaba carbonilla en un área mucho menos poblada. Pero en febrero de 2005 el paisaje urbano había cambiado significativamente, lo que no movió al PP a replantear la ubicación al emitir un informe favorable al plan de Iberdrola. Ese dictamen positivo lo redactó a petición del Ministerio de Industria, encargado de la planificación energética nacional previa concertación con las autonomías. El ministerio, de acuerdo con las necesidades de crecimiento previstas por los municipios, apunta las zonas en las que serán necesarias infraestructuras eléctricas, pero no decide la parcela concreta en la que han de construirse. Esa es una competencia municipal, a pesar de lo cual Barberá no tuvo empacho en exigir ayer al ministro Joan Clos que "proceda a reconsiderar la ubicación actual de la subestación".

Tras las primeras protestas vecinales, Barberá ofreció en julio de 2005 mediar ante Iberdrola para lograr un cambio mediante una permuta de suelo, pero para entonces la empresa ya trabajaba en el solar. El PP concedió la licencia de obras en noviembre de 2005, y el ministerio autorizó el cable de alta tensión que alimenta la subestación, aunque pidió que fuera enteramente soterrado, una condición no cumplida. En diciembre de 2006 llegó el permiso de actividad para un equipamiento que el PP calificó de "inocuo", en contra de un primer informe municipal que apuntaba a la exigencia de una licencia calificada que la comisión provincial de Actividades no vio necesaria. El Ayuntamiento ha pedido informes a Sanidad y a Industria, que especificó que las subestaciones no están prohibidas en casco urbano. Los vecinos han recurrido todas las licencias.