El fiscal pide 89 años de cárcel para los 16 implicados en el 'caso Fara'

Después de tres suspensiones, el lunes está previsto que comience en la Audiencia de Málaga el juicio por el supuesto desvío de 1,25 millones de euros de subvenciones públicas concedidas a la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (Fara) y que fueron a parar supuestamente a las cuentas corrientes de sus dirigentes entre 1998 y 2001. El fiscal solicita un total de 89 años de cárcel para los 16 imputados en el caso.

El Ministerio Público imputa a los 16 implicados los delitos de apropiación indebida, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales. Además, el fiscal reclama que se indemnice a las administraciones que otorgaron las ayudas para el desarrollo del pueblo gitano con un montante equivalente al dinero supuestamente desviado.

Según la calificación del fiscal, el 16 de octubre de 1998, Vicente Rodríguez, alias El Querillo, "jefe de una de las familias que integran en Málaga el conocido clan de Los Charros, accedió, al parecer de forma violenta y antidemocrática a la presidencia de la Fara", organización que tiene como objetivo mejorar la cultura y las condiciones de vida de las personas de etnia gitana. Junto a él, otros tres acusados se convirtieron en tesorero, interventor y secretario de la organización. Durante los años 1997 a 2001 Fara recibió ayudas y subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Junta de Andalucía, de las diputaciones de Málaga y Almería, del INEM, del Ayuntamiento de Antequera y de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

El ministerio público sostiene que "los acusados en ejecución de un plan preconcebido con ánimo de ilícito beneficio (...) comenzaron a desviar cantidades importantes de las subvenciones recibidas para darles un uso particular y obtener unos beneficios que en ningún caso revertían en el pueblo gitano". Por ejemplo, de los 709.000 euros recibidos de la Junta para el programa de "Alfabetización y Escolarización infantil gitana" en el curso 2000-2001, Fara "no ha justificado ni uno solo de los euros subvencionados".

El fiscal acusa a los imputados de presentar facturas falsas y celebrar contrataciones ficticias de trabajadores. Además, considera que amenazaron y coaccionaron tanto al entonces responsable de la Secretaría para la Comunidad Gitana, José Manuel Leal Sabido, para que dimitiera, como al ex consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña.