Lo que se sabe de ETA

El comando Donosti tenía órdenes de evitar atentados contra miembros del PSOE "en general" -lo que parece excluir a miembros en particular, o sea disidentes- y contra los de los partidos nacionalistas y de IU. Queda fuera del indulto el PP. Así lo declaró Akaitz Agote, detenido a fines de marzo y cuyo auto de procesamiento acaba de hacerse público. En el auto también se recoge que la banda había ordenado hacer seguimientos de funcionarios de prisiones, con la excepción de los que fueran miembros del sindicato ELA.

Entre los documentos intervenidos al detenido hay un informe en el que la dirección de la banda alardea de que "gracias a la presión" ejercida ha conseguido que el PSOE y el PNV acepten entrar en una "negociación política"sobre el marco institucional de Euskal Herria; sin embargo, el principio de acuerdo alcanzado no era "satisfactorio", decía ETA en noviembre, y en diciembre ponía la bomba de Barajas. En poder del etarra se hallaron igualmente documentos sobre la estrategia a seguir para lograr la participación de Batasuna en las elecciones. En la entrevista del mes pasado en Gara, los encapuchados amenazaban con acciones terroristas si a la izquierda abertzale se le impedía estar presente en los comicios.

Eso es lo último que se sabe de ETA: que sigue considerándose con derecho a condicionar mediante la violencia la vida política (y sindical), y que se felicita por haberlo conseguido en parte; y que continúa buscando pretextos (ahora, paradójicamente, las elecciones) para no dejar las armas.

La amenaza selectiva contra ciertos partidos (antes PP y PSOE, ahora PP y algunos miembros del PSOE) es un argumento poderoso en favor del mantenimiento y aplicación de la Ley de Partidos. No puede participar en la competición electoral el brazo político de una banda protegido a la vez por el paraguas de la legalidad y el de esa banda, la cual se atribuye el derecho a eliminar a sus rivales. La Ley de Partidos fue necesaria no tanto para ilegalizar a Batasuna -cosa que ya era posible por la vía penal- como para establecer mecanismos capaces de contrarrestar las artimañas ideadas para burlar la prohibición.

No es difícil encontrar objeciones jurídicas contra esa ley, pero quien las plantee no puede desconocer las razones que la hicieron necesaria; no es posible afirmar, como hace el documento del Gobierno vasco leído ayer por el consejero Azkarraga, que la democracia no puede permitirse lanzar "un haz de sombra sobre la igualdad de toda la ciudadanía en el disfrute de los derechos fundamentales", en referencia a los votantes y candidatos de Batasuna, e ignorar que la falta de igualdad esencial es la que provoca la frontera entre amenazados y libres de amenaza que traza ETA.

La declaración de ilegalidad de un partido no priva a sus miembros del derecho individual a ser candidatos, pero sí les impide participar en una concertación de voluntades para la "elusión fraudulenta de las consecuencias de la disolución", decía una sentencia del Constitucional de 2005 retomada ahora por el Supremo en su auto sobre ANV. Si incluso con la Ley de Partidos resulta muy laborioso hacer frente a las maniobras que es capaz de idear Batasuna para burlar la prohibición, es de suponer que sin ella -sólo con las limitadas posibilidades del Código Penal- el fraude sería facilísimo, al menos a efectos de participación electoral. El Tribunal Constitucional estableció que para recobrar la legalidad bastaría con una condena clara de la violencia. Estos días se ha visto que Batasuna no sólo no la condena, sino que encuentra normal que ETA amenace con matar en nombre del derecho del partido ilegalizado a participar en las elecciones sin cumplir los requisitos legales.

La dependencia de Batasuna respecto a ETA se mantiene, por tanto, y mientras esa sea la situación no se ven razones para que el Gobierno haga movimientos, por acción u omisión, que ese mundo pueda interpretar como de disponibilidad para favorecer la presencia del brazo político en al menos algunas instituciones. La idea de que esa presencia reforzaría a los sectores más favorables al abandono de las armas pudo tener sentido hasta el 30 de diciembre. Ahora más bien reforzaría a los txerokis que instaban hace seis meses a "convertir la necesidad que el Gobierno español tiene con el proceso (intereses electorales entre otros) en (...) un factor que usemos a nuestro favor a la hora de diseñar nuestras iniciativas y nuestra estrategia de presión".