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Los ciclistas españoles buscan un pacto 'a lo Basso'

Los implicados en la Operación Puerto piden que se anule el código ético de la liga ProTour

La treintena larga de ciclistas españoles implicados por la Guardia Civil en la Operación Puerto quieren salir del limbo jurídico en el que se encuentran y, a la luz del caso Basso -"confiesa y colabora y verás tu sanción reducida a un año"-, comenzaron ayer a negociar con la federación española una sanción reducida que les permita, como poco, poder correr la Vuelta de 2008. La posición del colectivo de corredores, representados por el presidente de su sindicato, el ex ciclista Pipe Gómez, supone un giro de 180 grados respecto a la que mantuvieron hasta hace unas semanas, que era, comenzando por el plante que supuso la anulación del campeonato de España, la de negarlo todo, la de negarse a asumir ninguna responsabilidad y, en su lugar, intentar denunciar a todas las instancias deportivas, incluido el Consejo Superior de Deportes (CSD) por su situación.

La reunión tuvo lugar ayer por la tarde en la sede del CSD, en Madrid, pocas horas después de que en la asamblea del Consejo de Ciclismo Profesional el organizador de la Vuelta, Víctor Cordero, anunciara que no quiere en su carrera este año a ninguno de los implicados y de que algunos equipos se comprometieran a apartar a sus implicados.

Pese al archivo de la causa penal, que muchos corredores interpretaron erróneamente como una exculpación a sus actividades, la presión de los equipos extranjeros y de la organización del Tour de Francia, sobre todo, ha generado temor entre los corredores. Algunos, como Tino Zaballa y Rubén Plaza, que estaban inscritos para el Giro de Italia, han sido finalmente apartados por su equipo. También otros ciclistas extranjeros como el estadounidense Tyler Hamilton y el alemán Jorg Jaksche, excluidos por el equipo Tinkoff.

Norma del ProTour

El primer asalto de la negociación corredores-federación tuvo un resultado estéril, según las fuentes consultadas, debido a que los ciclistas exigieron que la federación se comprometiera a dejar sin efecto el código ético, una norma de la liga ProTour que alarga dos años más para las mejores carreras, incluidas las grandes Vueltas, la sanción por dopaje impuesta por cualquier federación. "Pero eso no está en nuestra mano, y lo sabéis", les respondió Fulgencio Sánchez, presidente de la española. "El código ético es un pacto entre los equipos y los organizadores del ProTour y es a ellos a quienes tenéis que dirigiros".

En la mano de la federación española sí que está aplicar a los corredores los artículos de la ley antidopaje española y del Código Mundial Antidopaje que recogen la reducción excepcional de la sanción mínima de dos años a uno para aquellos deportistas que tras un hecho de dopaje colabora denunciando al entorno, a las personas que les aconsejaron o les proporcionaron los medios para doparse. "Abrimos expediente tanto a los que quieran confesar y colaborar como a aquellos que quieran ser exonerados y analizamos todas las circunstancias y sancionamos un año", les dijo la federación. Pero los ciclistas dijeron no de entrada.

Aunque la investigación policial sobre las bolsas de sangre y toda la trama de Eufemiano Fuentes está cerrada, la colaboración de los corredores podría ser importante para sancionar deportivamente a directores como Manolo Saiz y Vicente Belda y a médicos como Eufemiano Fuentes y su hermana Yolanda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de mayo de 2007