Los juzgados de Málaga instruyen dos casos por acoso inmobiliario

Dos juzgados de Málaga instruyen sendas causas penales por acoso inmobiliario contra los propietarios de dos edificios de viviendas en el casco histórico de la capital que no cumplen con sus obligaciones de mantener en condiciones los inmuebles. En ambos casos se les imputa un presunto delito de coacciones por la presión que realizan sobre los inquilinos, por lo general personas de avanzada edad, para que abandonen las casas.

Las denuncias que han dado origen a las causas las presentó el Defensor del Ciudadano de la provincia, Francisco Gutiérrez, quien sostiene que cientos de personas de la zona centro de la ciudad sufren el acoso de los propietarios de las viviendas que hacen dejación de sus obligaciones de mantenimiento para forzarles a abandonarlas "con fines meramente especulativos" y lamenta la "indiferencia, cuando no la complicidad, de los organismos municipales responsables de velar por la legalidad urbanística".

En una de las causas abiertas está imputado el propietario de un edificio en calle Mariscal, Jesús Jiménez Astorga, que se ha negado a arreglar las zonas comunes del inmueble, de 20 viviendas, aunque sólo cinco permanecen habitadas. El pasado julio, la inspección de Sanidad municipal emitió un informe en el que constataba la "manifiesta insalubridad en la totalidad del inmueble, acumulación de basuras, heces, enseres, proliferación de insectos y roedores. Hedor insoportable", y concluía que "se hace necesaria la intervención urgente de los organismos competentes". El propietario alegó que el mantenimiento de las zonas comunes "no está incluido en los contratos de alquiler" y corresponde a los vecinos. Las ventanas de las escaleras están rotas, no hay luz, y aunque hay acometida de agua potable, no existe contrato.

El segundo caso se refiere a un corralón de la calle San Félix Cantalicio, donde ya en marzo de 2005 una inspección de los bomberos conminó a la urgente reparación de la cubierta de teja y de los falsos techos interiores afectados por filtraciones de lluvia y a la reposición del revestimiento exterior de los muros. En octubre de aquel año, la propietaria, Proyectos y Promociones Impar, que había comprado el inmueble dos meses antes, solicitó al Ayuntamiento la declaración de ruina del edificio. La propiedad ha retirado los contadores de luz, ha cortado el agua corriente, y permite la acumulación de basuras y roedores en las zonas comunes del edificio, según ha constatado el Defensor del Ciudadano.

Francisco Gutiérrez recuerda que hay hay algunos antecedentes en Cataluña, Baleares y País Vasco de sentencias que han condenado por acoso a los popularmente conocidos como asustaviejas.

Desde febrero del año pasado, la oficina del Defensor del Ciudadano de Málaga ha tramitado 40 expedientes por quejas por acoso inmobiliario, en su mayoría de personas de avanzada edad y escasos recursos económicos. Su mediación ha permitido acuerdos entre inquilinos y propietarios en siete casos, que se han saldado con indemnizaciones a los inquilinos para que abandonen las viviendas o la búsqueda de viviendas alternativas. En un caso, un inquilino ha ingresado en una residencia y el propietario le abona la diferencia que hay entre el precio de ésta y el alquiler que pagaba.