'Congelado' el número de inspectores pese a 9 ancianos muertos en asilos en dos años

Bienestar Social mantiene congelada su plantilla de inspectores pese a los nueve ancianos fallecidos en incendios en residencias de mayores -incluidos los tres fallecidos el martes- en los últimos 19 meses. La consejería que dirige Alicia de Miguel sólo cuenta con ocho de los 19 funcionarios que, según la ley, debería destinar a examinar el funcionamiento de los centros de la tercera edad, de menores o de personas con discapacidad. Ayer fueron enterrados dos de las tres víctimas que murieron en el fuego declarado el lunes en la residencia Reyes Católicos de Utiel.

El déficit de personal supervisor es una constante a lo largo de los últimos 10 años

Uno de los siniestros más dramáticos sucedidos recientemente en centros sociales fue la muerte de cinco personas en una residencia de Massamagrell en marzo del año pasado. La Consejería de Bienestar Social reaccionó ordenando semanas después a los centros de mayores que revisaran los sistemas eléctricos, especialmente los relacionados con las camas y colchones, que vinculó con el suceso. Fue la respuesta a una acumulación de casos que había comenzado con la muerte de una anciana en septiembre de 2005 en la residencia de Carlet, también por un fuego, y que siguió una semana después con cinco ancianos hospitalizados por un nuevo incendio.

Esta serie de incidentes, sin embargo, no se vio acompañada de un incremento en el número de funcionarios encargados de controlar las residencias y el resto de centros cuyo control corresponde a la Consejería de Bienestar Social. Y ello pese a detectarse importantes irregularidades como en Massamagrell, donde se descubrió que el centro era una especie de psiquiátrico encubierto, al alojar personas con enfermedad mental a pesar de no contar con licencia para ello.

Fuentes oficiales de la consejería indicaron ayer a este diario que desde el año 2003 "se han practicado más inspecciones que nunca". En total 985 a centros públicos, concertados y privados. Pero el número de funcionarios se encuentra por debajo de lo que fija la ley de servicios sociales de 1997, que establece una relación de un inspector por cada 250.000 habitantes. A fecha de enero de 2006, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó una población de 4,8 millones de habitantes en la Comunidad Valenciana, lo que fija el número de inspectores en 19.

Este déficit de personal es una constante desde hace 10 años, los mismos que la ley lleva vigente. Desde entonces han pasado por el despacho de la consejería de Bienestar Social Marcela Miró, entre 1997 y 1999; Carmen Mas (1999-2000), Rafael Blasco, de 2000 y 2003, y Alicia de Miguel. Ninguno de ellos han impulsado el cuerpo de inspectores hasta adecuarlo a los niveles que establece la normativa. Y ello pese a que el déficit de supervisores es una cuestión recurrente que sale a la luz cada vez que hay una tragedia. El tema se repite desde 1999, cuando se descubrió el fallecimiento de 25 personas en una residencia ilegal en Formentera del Segura. En plena crisis política, Carmen Mas se comprometió a reforzar la inspección. No lo hicieron ni ella ni sus sucesores.

Ahora, de los ocho funcionarios, realmente sólo seis son inspectores sociales, según la relación de puestos de trabajo de Bienestar Social. Los otros dos son jefe de área y jefe de servicio. Pero ni siquiera los seis ejercen labores de control a pie de calle. Los puestos 11.797 y 14.683 de este listado tienen funciones administrativas, según ha podido saber este diario de fuentes de la consejería, por lo que a efectos prácticos, únicamente existen cuatro funcionarios con tareas estrictamente inspectoras.

Ayer fueron enterradas las dos mujeres, de 84 y 100 años, fallecidas en el incendio de la residencia Reyes Católicos de Utiel ocurrido el lunes presuntamente por un cigarrillo mal apagado. Otro anciano, de 71 años, también falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que sigue ingresado en el hospital de Requena por inhalación de humos un hombre de 70 años que se encuentra fuera de peligro.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, explicó ayer en Castellón la postura de su departamento: "Lucharemos con toda nuestra fuerza de la ley si descubrimos que hubo algún tipo de negligencia y vamos a hacerlo por vía judicial para que paguen su responsabilidad". De Miguel recordó que está prohibido fumar en las salas comunes de estos centros.

Joan Ignasi Pla, candidato del PSPV a la Generalitat, se refirió también a la muerte de los tres ancianos: "Por mucho que diga el PP, hoy no se puede afirmar que los centros para personas mayores sean totalmente seguros tras esta avalancha de incidencias registradas". El líder del PSPV declaró que parece "clarísimo" en el caso de la residencia de Utiel que faltaron medidas de seguridad, informa Ezequiel Moltó.

Las patronales de las residencias Aerte y Lares indicaron ayer que pese a los esfuerzos de los centros "no se han podido evitar los últimos incendios", que vincularon al consumo de tabaco.