El Gobierno afirma que decidirá con criterios jurídicos y no políticos

El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Abogacía del Estado a impugnar ante el Tribunal Supremo las candidaturas de las que sospeche que pretenden suceder a la ilegalizada Batasuna. Al final de la reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avanzó que la Abogacía y la Fiscalía General del Estado "agotarán el plazo legal" del 2 de mayo para culminar la investigación de las relaciones de las agrupaciones electorales y de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) con Batasuna y decidir sobre su impugnación.

La vicepresidenta primera aclaró que la decisión que adopte el Gobierno sobre las agrupaciones electorales y ANV, a través de la Abogacía del Estado, seguirá los criterios jurídicos de la Ley de Partidos y no políticos. El Ejecutivo sufre presiones políticas en sentidos contrapuestos. El PP y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo le están reclamando que promueva la ilegalización de la marca ANV a la que identifican con Batasuna. Pero el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) abogan porque sea tolerante al considerar que la participación de un sector de la izquierda abertzale en los ayuntamientos facilitaría la distensión política y social en el País Vasco.

Ayer, Fernández de la Vega aclaró los criterios jurídicos por los que se guiará el Ejecutivo. En primer lugar, confirmó que "al Gobierno no le temblará la mano a la hora de aplicar la Ley de Partidos", que prohíbe que las candidaturas que sean una continuidad de Batasuna participen en las elecciones. "Con toda certeza y claridad, Batasuna no estará en las elecciones", dijo tajantemente.

Sospechas frente a certezas

Pero también aclaró que "en democracia, las normas las marca la ley y el Estado de derecho" y se remitió a lo que señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la que "no valen sólo sospechas sino que son necesarias certezas". Con ello se refería a la sentencia del Constitucional de 2005 que ofrece garantías a los candidatos de la izquierda abertzale al señalar: "Este tribunal no puede admitir que se confiera relevancia alguna al hecho de que dos candidatas integradas en la agrupación hayan concurrido por los partidos ilegalizados a las elecciones municipales de 1983 y 1991 y lo hagan ahora en las autonómicas en puestos tan poco relevantes como los números 17 y 25".

Fernández de la Vega se limitó a señalar los criterios por los que se guiará el Gobierno. Pero no quiso vaticinar las conclusiones que la Abogacía y la Fiscalía General del Estado presentarán el dos de mayo. Admitió la posibilidad de que algunas listas de ANV sean impugnadas. Y no descartó del todo la impugnación del propio partido ANV pese a su complejidad, ya que es una sigla histórica, de 1930, renacida en 1977, con la democracia, y en cuyos estatutos se repudia la violencia.