Golpe de autoridad del presidente Camps

La mañana del miércoles fue especialmente agitada en el sector inmobiliario y entre los medios de comunicación. El súbito desplome bursátil de la firma Astroc disparó todas las alarmas y alentó el morbo que suelen desprender las caídas de los ganadores, y más si son opulentos. La súbita descapitalización de las acciones, las multimillonarias pérdidas que se cifraban, además de las causas que se aducían, abonaban los juicios más pesimistas, que no se han confirmado plenamente por ahora. Una leve recuperación de las cotizaciones aplaza el veredicto final.

Lo curioso de este episodio es que los augurios más lúgubres se emitían desde los círculos profesionales relacionados con el urbanismo, que casi coincidían en considerar este episodio como la mera crónica anticipada de una fatalidad. "Se veía venir", podría ser el corolario de la mayoría los consultados. Un diagnóstico que se aviene mal con la calidad y experiencia de algunos de los inversores de referencia y de las cifras arriesgadas en la mentada compañía del intrépido Enrique Bañuelos. Claro que el viejo maestro J. K. Galbraith ya aleccionaba acerca de la reiteración de los errores que propicia hasta en gente sensata y experta el juego de la Bolsa y, obviamente, la pasión especuladora.

Sería temerario y sobre todo precipitado inferir de este trance unas u otras consecuencias políticas, especialmente para el partido que gobierna la Generalitat. El PP está uncido sin duda al caos urbanístico que nos aflige, pero sería excesivo endosarle la crisis emergente -y para algunos ya acuciante- en ese mercado que se ha querido libre y aun desmesurado. Y mucho más, imputarle el infortunio de una empresa ambiciosa que, eso sí, ha crecido en parte al amparo de una política territorial basada en las recalificaciones masivas de parajes y muy a menudo en el agiotaje. Sólo en este sentido no puede soslayar el Consell su cuota de culpa y complicidad, que es mucha.

Pero, no obstante su novedad, no ha sido este capítulo financiero el que ha condensado el mayor interés de los medios políticos. Esta semana el protagonismo mediático lo han acaparado las candidaturas populares y, más concretamente, el alcance de la derrota que se le pronosticaba a Eduardo Zaplana. Los hechos han venido a confirmar con creces el pronóstico. El presidente Francisco Camps ha dado un golpe de autoridad que únicamente podría diluirse o volvérsele en su contra si los próximos comicios le fuesen adversos. Esto es: que perdiese el gobierno de la Generalitat, una hipótesis que comienza a suscitar reservas en el partido conservador, tan sobrado de seguridades hasta ahora.

En este apartado, alguna luz podremos ver a partir de mañana mismo, cuando el consejero de Sanidad y coordinador de la campaña electoral, Rafael Blasco, exponga su vaticinio en la tribuna del Foro de Opinión. Desde antiguo, sus análisis y prospectivas han sido singularmente certeras, lo que nos conmina a tomar muy en consideración sus previsiones. Claro que, para él y para todos, seguirá habiendo una incógnita hasta que se cuenten los votos, y no es otra que la movilización que pueda alcanzar la coalición y aproximación entre las formaciones de izquierda y la perspectiva un tanto insólita de un pacto para el desahucio del PP. Así lo revela la misma prédica desabrida e ingenua de algunos próceres populares alertando sobre los riesgos apocalípticos de un vuelco republicano y catalanista aparentemente postulado por la oposición.

Lo que ya no es una incógnita es el ocaso de la facción zaplanista, prácticamente barrida y acallada mediante unos pocos premios de consolación, que incluso tienen visos mortificantes. Se les ha dado cuartel a unos pocos discrepantes, que ocuparán puestos de salida en las candidaturas, pero como un gesto de magnanimidad más que de transacción. El presidente el partido no ha tenido que transigir nada y ha contado con el apoyo de las más altas instancias partidarias para enviar al ostracismo a cuantos ha querido, incluido el presidente de las Cortes, Julio de España, con no poco regocijo del personal empleado en la Cámara.