La policía aporta múltiples indicios para una impugnación masiva de las listas de Batasuna

La investigación encargada por la fiscalía a las fuerzas de seguridad del Estado sobre las agrupaciones electorales que promueve Batasuna ante las próximas elecciones municipales en Euskadi y Navarra ha encontrado indicios sólidos para proceder a una eventual impugnación masiva de las listas que abandera la formación independentista ilegalizada por el Supremo. Asimismo, los informes preliminares sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV), que el jueves designó a sus representantes en las juntas electorales provinciales vascas, se limitan a una exposición de su evolución desde su creación.

La batalla jurídica para impedir que formaciones políticas continuadoras de Batasuna puedan concurrir a las próximas elecciones municipales sigue firme, tanto en lo que hace a las agrupaciones electorales como a ANV. La Fiscalía General del Estado ya dispone de los primeros informes elaborados por la Comisaría General de Información sobre el proceso abierto en el País Vasco y Navarra para la constitución de agrupaciones electorales mediante la recogida de firmas en los distintos municipios.

El contenido de esos informes, que se ampliarán en los próximos días, revela indicios suficientes para proceder a una impugnación masiva de esas agrupaciones electorales ante la Sala Especial del Tribunal Supremo para ilegalizar esas listas. El informe no incluye ninguna recomendación ni conclusiones. Deberá ser la Fiscalía la que decida qué hacer en función de todos los indicios acumulados.

Entre esos indicios, que permitirían acreditar que las agrupaciones electorales son una continuidad de Batasuna y por tanto ilegales por incumplir la Ley de Partidos, destacan dos hechos:

- Los promotores de la recogida de firmas son dirigentes cualificados de Batasuna.

- Los carteles utilizados para acompañar la campaña en la calle de recogida de firmas incluían el logotipo que piensa utilizar el partido de nueva creación Abertzale Sozialisten Batasuna (ABS), cuya ilegalización ha pedido tanto el Gobierno como la Fiscalía por considerar que se trataba de una formación que tiene vínculos directos con Batasuna.

Los principales dirigentes de la formación ilegalizada han pedido públicamente el apoyo de los vecinos a la campaña de recogida de firmas, un hecho relevante para la reunión de pruebas que permitan fundamentar un proceso de ilegalización de dichas agrupaciones.

El Gobierno anda ahora preocupado con la irrupción de un partido que estaba aletargado y que no acudía a las convocatorias electorales. Se trata de ANV, surgido en 1930. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió que "cumple inicialmente todos los requisitos legales". Este partido se inscribió en 1977 en el Ministerio del Interior con unos estatutos donde se declaraba "partido patriótico que repudia la violencia" y que obtuvo 6.000 votos en las primeras elecciones generales. Un año más tarde entró en la coalición de Herri Batasuna y dejó de formar parte de ella en 2000 en el debate donde se refundó Batasuna una vez que ETA rompiera la tregua.

El informe preliminar sobre ANV es un mero relato de estos hechos y de otros relacionados con el apoyo público que prestó a Batasuna durante el proceso que concluyó con su ilegalización por parte del Tribunal Supremo. Además de recordar el hecho de que tras la aprobación de la Ley de Partidos el Gobierno del PP no instó su ilegalización. En 2001, dicho Gobierno le dio 700.000 euros como liquidación de su patrimonio histórico incautado en la Guerra Civil.

Pese a estas dificultades, el Gobierno ha pedido que se investigue a sus promotores, apoderados e integrantes de las listas, así como su actividad, por si tienen relación con la ilegal Batasuna.