La Xunta reducirá el internamiento de menores en un 30%

La Vicepresidencia de Igualdade e Benestar aspira a reducir de aquí a 2010 el número de menores internados en centros desde los 876 actuales hasta los 596. Esto supondría una merma de plazas del 30% que se lograría favoreciendo el acogimiento en familias. En tres años, la cifra de niños y adolescentes que convivirían con unos padres de acogida crecería un 35% y pasaría de los 1.049 que disfrutan de este régimen ahora a los 1.415 de 2010. Pese a esto, se inaugurarán 51 centros de diversas categorías.

Hoy, en Galicia, hay 100 centros de menores, pero sólo 11 son de titularidad pública y sólo seis son gestionados directamente por la Xunta. Según la secretaria xeral do Benestar, María Jesús Lago -que presentó ayer con el vicepresidente, Anxo Quintana, el Plan estratéxico galego da infancia e da adolescencia 2007-2010-, en el momento del cambio de Gobierno en Galicia "había un 10% más de tutelas en centros que en el resto del Estado". Entonces se dedicaba más presupuesto al internamiento que a los programas de acogida en familias, e Igualdade e Benestar quiere invertir el panorama en los próximos tres años.

Hasta finales de 2006, los centros de protección y de reforma o reeducación de menores no estaban separados. Convivían bajo el mismo techo los niños en situación de desamparo con los jóvenes que estaban cumpliendo alguna sentencia judicial. Ahora los centros de internamiento son más específicos, y esta especificidad se seguirá desarrollando, según el proyecto que Vicepresidencia presentará para su aprobación en el Parlamento, con la creación de medio centenar de instalaciones.

Entre los centros dedicados a la protección de los menores, se crearán hasta 2010 cuatro unidades de "primera acogida y valoración"; uno para niños con problemas de salud mental; dos centros de "protección difícil" que sustituirán en estas funciones al Xoán Vicente Viqueira de Santiago; dos minirresidencias; cuatro centros de atención de día integral y cuatro módulos para adolescentes con sus bebés, uno por cada provincia; además de 14 viviendas Mentor (dos por ciudad) para el "tránsito a la vida independiente".

En lo que respecta al área de reeducación, se crearán cuatro centros de coordinación para los jóvenes que cumplen alguna sentencia en régimen abierto; un centro cerrado en la provincia de Lugo; un centro terapéutico para la zona norte y dos pisos de integración, de los llamados Convive, en cada una de las siete ciudades.

Con estos medios, y una inversión para llevar a cabo el plan de 47,9 millones de euros, Vicepresidencia quiere mejorar la atención en los centros reduciendo al mismo tiempo en un 30% el número de menores internados. Según la legislación vigente, el acogimiento residencial es el último recurso que se debe utilizar para garantizar la protección de los 1.600 menores que ahora tutela la Xunta.

Muchas de las plazas de internamiento se van a transformar en plazas de atención de día, y si la acogida en familias va a crecer un 35%, los centros diurnos incrementarán su oferta en un 45% (de 298 a 432, para ser el 40% del total de las plazas).

Mesa para la infancia

Anxo Quintana explicó que el plan abarca tres aspectos: la prevención, la protección y la reeducación. Para prevenir a tiempo, Vicepresidencia quiere probar un programa piloto en 60 ayuntamientos (23 de Ourense, 15 de Lugo, 13 de Pontevedra y 9 de A Coruña) elegidos por las especiales circunstancias y amenazas que pueden topar en ellos los menores.

Para eso intentará implicar a las administraciones locales, a la Justicia, a todos los departamentos de la Xunta y a todas las entidades que trabajan con los niños y crear la Mesa Galega de Protección á Infancia. Este equipo propondría medidas de prevención y planes de formación dirigidos a las familias y los trabajadores de los servicios sociales de los municipios.

Además, el "plan estratégico" contempla la creación de una Axencia Galega do Menor y un Centro de Intervención e Execución de Medidas Xudiciais en Medio Aberto, que intentarán potenciar la mediación y la reparación sin llegar a la vía judicial.