715 millones de inversión y cierre definitivo en el año 2010

El número de plazas disponibles en las cárceles catalanas es de 7.300; es decir, casi 2.000 menos de las que serían necesarias. Por tanto, Brians 2 será un alivio, pero nada más que eso, a la espera de que sigan abriéndose nuevas prisiones. La siguiente que se inaugurará será el centro de jóvenes de Quatre Camins, con capacidad para 300 reclusos, en el primer trimestre del año próximo. Seguirá la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), en el segundo semestre de 2008, capaz de acoger entre 500 y 750 reclusos. Después la cárcel de Els Plans, en Tàrrega, seguida de la de Puig de les Basses, en Figueres, y así sucesivamente hasta acabar el equipamiento de régimen abierto en la prisión de mujeres de Wad-Ras, con 300 plazas.

Cuando concluya la aplicación de este plan, a mediados de 2011, las plazas disponibles en las prisiones de Cataluña serán 10.546 y las previsiones más optimistas indican que la población penitenciaria podría ser de 11.000 personas. O sea, que volverán a estar saturadas después de haber gastado 715 millones de euros y de haber creado 6.950 nuevas plazas. Es una cifra millonaria que nunca tendrá reconocimiento social.

Es casi tres veces más de lo que costará la Ciudad de la Justicia que se está construyendo en los límites de Barcelona y L'Hospitalet y que parece que vaya a ser la panacea de los males que aquejan al sistema judicial. Dicho sea de paso, con un aspecto de presidio que tumba a quien haya de acudir allí en espera de justicia.

Cierre en tres años

El cierre definitivo de la Modelo como cárcel no llegará hasta dentro de tres años, cuando hayan finalizado las obras que se deben realizar en la Zona Franca para acoger una cárcel de preventivos con capacidad para 500 presos y otra de régimen abierto para 600 reclusos.

Para entender que la olla a presión en la que se han convertido las cárceles no ha estallado todavía y probablemente no lo haga nunca, hay que recordar que 1.713 presos están cumpliendo condena en régimen abierto. Es decir, que sólo van a la cárcel a dormir. A los 9.000 que componen la población penitenciaria hay que sumar 3.301 que están sometidos a una medida penal alternativa distinta de estar entre rejas, más otros 715 que lo estuvieron y ahora disfrutan de la libertad condicional.

Es la única manera de afrontar los efectos de un Código Penal duro, en contra de la creencia social. Y es que uno de cada cuatro internos cumple condena superior a 10 años y el 63% de los reclusos pagan penas de entre cinco y diez años. "A pulso", dicen los presos. O sea, sin beneficios.