Instituciones y capital social

LAS INSTITUCIONES son importantes para el desarrollo económico. Cuanto mayor es su adecuación y calidad, más contribuyen al bienestar de un país, al crecimiento de la renta por habitante, a través del aumento de la productividad total de los factores. Es ésta una medida del grado de eficiencia con que se combinan los inputs empleados en los procesos de producción en las economías que, a tenor de las más recientes investigaciones, explica gran parte de las diferencias en el desarrollo de los países; es, junto a las dotaciones de capital, una de las fuentes de crecimiento de la productividad del trabajo. España, recuérdese, exhibe desde hace muchos años un pobre crecimiento en ambos registros de productividad; el estancamiento de la segunda se debe, en mayor medida que en otras economías, al reducido crecimiento de la productividad total de los factores.

Las vicisitudes de la OPA sobre Endesa han cuestionado de forma particular la calidad institucional de nuestro sistema económico y el capital social de que está dotado

Desde que a mediados de los ochenta se renovara el interés académico y político por los determinantes del crecimiento de la productividad, se han sucedido las evidencias acerca de su estrecha correlación con la calidad de las instituciones. Los trabajos del historiador económico Douglas North, premio Nobel en 1993, son suficientemente explícitos al respecto. De sus investigaciones se deduce la mayor generación de eficiencia y bienestar en aquellas economías en las que, frente al dominio de las transacciones "autoejecutables", que tienen lugar de forma espontánea en los mercados, en su formalización está presente el control y supervisión eficaz de una tercera parte, las instituciones. Así, buenas instituciones serán aquellas que establecen una estructura de incentivos que reducen la incertidumbre y promueven la eficiencia, contribuyendo a un mejor comportamiento económico. En definitiva, son aquellas que, además de posibilitar el juego limpio, propician las mejores elecciones políticas.

Sobre esa base han emergido no pocos estudios que tratan de identificar el origen de las diferencias institucionales entre los países, los canales a través de los cuales las instituciones pueden influir en el comportamiento económico y la importancia cuantitativa de esos vínculos. Que siga viva la discusión acerca de la relación y dirección de la causalidad con otros factores importantes en la contabilidad del crecimiento económico, como la acumulación de capital (físico, tecnológico y, sobre todo, humano) o la calidad de las políticas macroeconómicas, no reduce el interés que suscita la calidad institucional. La investigación reciente en economía financiera sugiere igualmente que buenas instituciones, una adecuada protección de los derechos de propiedad y de los de los inversores, son el más importante determinante del grado de desarrollo financiero de un país. La relación entre la calidad institucional y la facilidad para captar capitales exteriores, y hacerlo a buen precio, está igualmente demostrada.

Un buen funcionamiento de los mercados y adecuadas instituciones no son sólo atribuibles a la calidad técnica de las normas, sino también al comportamiento de sus operadores, y a las relaciones de unos con otros. El grado de confianza que preside las relaciones sociales y económicas, el respeto entre los agentes, y de éstos con el cumplimiento de sus obligaciones y las instituciones, es lo que sintetiza el concepto de "capital social", cada vez más presente en las ciencias sociales: una especie de colesterol bueno que facilita, entre otras cosas, el aumento de la productividad.

De ahí que para los países que tratan de converger en renta por habitante con los más prósperos, el fortalecimiento de ese capital social constituya una prioridad. En España nos queda por avanzar en este ámbito. Las experiencias recientes vinculadas a algunas operaciones de control corporativo, las vicisitudes de la OPA sobre Endesa de forma particular, han cuestionado la calidad institucional de nuestro sistema económico y el capital social de que está dotado. Fortalecer una y otro no sólo es necesario para mejorar la percepción exterior, dado el elevado grado de integración y dependencia financiera internacional que tiene nuestra economía, sino también para que las señales que reciben los ciudadanos españoles sean consistentes con los propósitos de modernización económica.