El fiscal y el abogado del Estado afirman que ASB sucede a Batasuna y piden que no sea inscrito

La Fiscalía General y la Abogacía del Estado presentaron ayer ante la Sala Especial del Tribunal Supremo sendas demandas de ilegalización de la nueva formación Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), por considerarla heredera o continuadora de la ilegalizada Batasuna y para impedir que pueda ser inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que compareció ante los medios de comunicación para explicar los motivos en los que basa su demanda, informó de que el Tribunal Supremo dio ayer mismo un plazo de 10 días hábiles a las promotoras de ABS para que respondan a las demandas y formulen alegaciones; a continuación, sobre la prueba documental aportada, se pronunciará la Sala Especial.

La promesa de ASB de usar sólo vías "pacíficas" no es "contraindicio" suficiente para evitar su impugnación

Conde-Pumpido: "Estaremos preparados si presentan otras solicitudes. Batasuna es ilegal y esa ilegalización es irreversible"

El fiscal señala la "coincidencia total" en las estructuras internas de Batasuna y ASB

La Abogacía subraya que las promotoras de ASB están en la Mesa Nacional de Batasuna

El Tribunal Supremo da un plazo de 10 días hábiles a Abertzale Sozialisten Batasuna para responder a las demandas

Conde-Pumpido, flanqueado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y la jefa de la Secretaría Técnica, Elvira Tejada, que han elaborado el escrito de demanda, afirmó que existen pruebas de que ASB es sencillamente la misma fuerza política que Batasuna, a la que se pretende dar un ligero barniz para burlar la ilegalización.

Preguntado por si ASB es una candidatura-señuelo a la que seguirán agrupaciones electorales para intentar que la izquierda radical abertzale pueda presentarse a las elecciones, el fiscal aseguró: "Estaremos preparados si se presentan otras solicitudes. Batasuna es ilegal y esa ilegalización es irreversible. No se podrá presentar a las elecciones en ningún caso".

La Fiscalía General y la Abogacía del Estado coinciden en los cuatro motivos básicos para considerar a ASB heredera o continuadora de Batasuna, por lo que procede que no se la inscriba en el Registro de Partidos Políticos. Éstos son:

- Utilización del término Batasuna. Dos de los tres partidos en su día ilegalizados -Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok- utilizaban dicha palabra, lo que ha creado una corriente de opinión generalizada de que dicho término excede o sobrepasa su significado de "unidad" para comprender algo más: aquello que encarnaban o simbolizaban los partidos ilegalizados.

- Conexión de los promotores de ASB con Batasuna. María Jesús Fullaondo, Joana Regueiro Martínez y Tomasa Alejandro Gorzaliza pertenecen, con nivel directivo, al entramado de formaciones políticas ilegalizadas y disueltas de Batasuna.

En concreto, María Jesús Fullaondo es miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable del área de educación desde marzo de 2006, encabezó la lista de la agrupación Herritarren Zerrenda al Parlamento europeo (que fue anulada por la Sala Especial) y está imputada por integración en ETA en un auto del juez Baltasar Garzón fechado en 31 de octubre de 2006.

Joana Regueiro es también miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, elegida en el mes de enero de 2006, y responsable de política feminista. Según el abogado del Estado, en algunas informaciones de prensa aparece situada al mismo nivel directivo que Pernando Barrena y Joseba Permach. Formó parte de la candidatura de AuB a las elecciones locales de 2003, que también fue anulada.

Por último, Tomasa Alejandro Gordaliza es asimismo miembro y secretaria de la Mesa Nacional de Batasuna desde enero de 2006, y fue asesora de Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián, en sustitución de Ainhoa Permarch.

- Similitud de estructuras. Existe coincidencia terminológica de estructuras entre Batasuna y ASB. Ambas tienen Asamblea Nacional, Mesa Nacional y Asamblea y Mesa Herrialde. Más que la "similitud sustancial" que proscribe la ley, existe una "coincidencia total", según el fiscal.

- Disposición a apoyar la violencia. Marije Fullaondo, que integra la comisión promotora, está imputada por un delito de integración en banda terrorista. La Abogacía explica que los estatutos de ASB contienen un "elemento diferenciador" respecto a otros anteriores, en cuanto proclaman "el respeto a los principios democráticos y al pluralismo (...) empleando para ello, exclusivamente, vías pacíficas y democráticas". Pero para el Servicio Jurídico del Estado tal proclamación no alcanza el nivel de "contraindicio" que exige el Tribunal Constitucional: no supone una "inequívoca y explícita renuncia a la violencia o rechazo del terrorismo como medio para la consecución de fines políticos", a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Aralar.

Las demandas concluyen solicitando al Tribunal Supremo que ASB no pueda ser inscrito en el Registro de Partidos Políticos.