Dos presuntos homicidas quedan libres al cumplir cuatro años en prisión preventiva

Los presuntos autores de un homicidio cometido en Piera (Barcelona) han quedado en libertad por decisión judicial después de pasar cuatro años en prisión preventiva, el máximo tiempo que prevé la ley, y no haberse celebrado el juicio contra ellos. La actual titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Martorell ha adoptado esta decisión a petición del fiscal y de la defensa, y después de que no haya podido concluir la investigación de los hechos. La juez ordena una serie de medidas para evitar el "riesgo de fuga" de los acusados.

El caso se remonta a la madrugada del 11 de abril de 2003, cuando Juan Sánchez Vargas, de 27 años, murió a consecuencia de las siete puñaladas que supuestamente le propinaron Ruben T. D. y Juan Manuel R. C. a la salida de la discoteca Open de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Los hechos ocurrieron en presencia de numerosos testigos, y a las dos horas fueron detenidos los presuntos autores.

Dos días después, el Juzgado número 4 de Martorell acordó la prisión provisional de los acusados, y el 30 de marzo de 2005 la prorrogó por otros dos años más. Ese plazo ya ha expirado sin que se haya celebrado el juicio por el procedimiento de la Ley del Jurado, al no haber concluido todavía la instrucción de la causa. A la vista de ello, el fiscal y la defensa solicitaron la puesta en libertad de los dos acusados, que fue acordada anteayer por la juez María Begoña Villellas.

Se trata de una juez que ocupa esa plaza como primer destino de su carrera profesional hace menos de dos años, por lo que durante el tiempo que los acusados han permanecido en prisión preventiva al menos ha habido en ese juzgado otro juez titular más, al margen de los sustitutos que han ocupado la plaza durante diferentes periodos de tiempo.

Juicio con jurado

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) explicó ayer las incidencias de los cinco últimos meses de la tramitación judicial de la causa, pero se ignoran los antecedentes anteriores. Así, el último rastro del sumario arranca del pasado 6 de noviembre, cuando la juez titular comunicó a la presidencia del TSJC que había remitido el asunto a la oficina del jurado para la celebración del juicio.

Al cabo de tres meses, el 6 de febrero de este año, el presidente del tribunal que debía juzgar el caso acordó la nulidad de actuaciones y devolvió la causa al juzgado de Martorell porque no se le había realizado ofrecimiento de acciones a la responsable civil subsidiaria del caso. Una semana después, la juez acordó las diligencias solicitadas por esa parte, que son las que aún están pendientes de realizarse para poder celebrar el juicio.

Mientras se cumplimentan esos trámites, el plazo de cuatro años en prisión preventiva ya se ha cumplido y los acusados han tenido que ser puestos en libertad en aplicación de la ley. En esa resolución, la juez explica que "subsiste en la causa el riesgo de fuga de los imputados" y lo argumenta basándose en los "indicios suficientes" que se han recogido contra ellos en estos cuatro años para acusarles de un delito de homicidio o asesinato: la declaración de los acusados, las de los testigos y los informes del Instituto de Toxicología. Además, la juez explica que la gravedad de las penas que se les puede imponer a los acusados y la inminente celebración del juicio incrementan ese riesgo de fuga. Por ese motivo, y hasta que no cambie de parecer la juez, les impone a los acusados la obligación de acudir cada mañana al juzgado y cada tarde al cuartel de la Guardia Civil. También les retira el pasaporte y les prohíbe abandonar el partido judicial de Martorell.

Antonia Vargas, madre del fallecido, explicó ayer a EL PAÍS entre sollozos: "A pesar de todo creo en la justicia, pero no en esa juez. No comprendo por qué han tardado tanto. Mataron a mi hijo y ahora me están matando a mí, porque hasta los perros tienen defensa hoy en día, pero parece que mi hijo no". La mujer también relató que desde hace meses tenía la intuición de que los presuntos asesinos podrían quedar en libertad.