Los populares acusan a la Xunta de bordear la "confiscación" de tierras

El PP aseguró ayer que la ley de creación del banco de tierras, que inició su tramitación parlamentaria, "bordea la confiscación", "tiende a la nacionalización de tierras agrarias" y "constituye un posible atentado a la propiedad". "Esto no es la Rusia poszarista", reprochó el portavoz popular, Roberto Castro, al conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal. El mismo pleno del Parlamento aprobó definitivamente la nueva ley de prevención de incendios forestales con el voto en contra del PP, pese a que el texto incorpora más de 30 de sus enmiendas.

Roberto Castro asumió, en nombre del PP, la defensa de la posición de su partido en contra del proyecto de ley de creación del banco de tierras, una iniciativa que trata de facilitar tierra a los productores que la demandan poniendo en el mercado fincas actualmente en desuso. Además de poner en duda que la futura ley vaya a respetar la propiedad de la tierra, acusó al PSdeG de "valorar más el metro cuadrado de moqueta" que el respeto a la legalidad. La ley, aseguró, "en vez de motivar [la cesión de tierras] con la zanahoria, enseña el palo de las sanciones". Es "un chiringuito", subrayó Castro, "que nos va a salir caro. No entienden que aquí la propiedad de la tierra es intocable".

Tanto Tareixa Paz como Marisol Soneira, en nombre del BNG y del PSdeG, respectivamente, negaron las afirmaciones del portavoz popular. Su objetivo, acusaron, es sembrar dudas igual que cuando el PP decía a los ganaderos que los socialistas y nacionalistas les iban "a quitar las vacas".

El propio conselleiro, Alfredo Suárez Canal, replicó a Castro recordándole que la iniciativa de creación del banco de tierras presentado por el Gobierno del PP (que decayó con las últimas elecciones) facultaba la "expropiación inmediata" y la ocupación por el procedimiento de urgencia, apostaba por el arriendo forzoso y proponía sanciones por no cultivar con penas de 3.000 euros.

"Están instalados en el corto plazo para recuperar el poder; todos los atajos valen para buscar el itinerario más corto hacia el poder. No estamos en la Rusia poszarista", replicó el conselleiro. "Estamos en el Estado español posfranquista, aunque es posible que algunos de ustedes aún estén instalados en la mecánica intelectual del franquismo, que les hacía propietarios de las moquetas del poder". El portavoz del PP cerró el debate reprochando a los grupos que apoyan al Gobierno que siempre miren atrás y aprovechó para recordar desde las manifestaciones contra el PP tras el 11-M a los GAL.

Prevención de incendios

El propio Castro defendió también la posición del PP en el debate final del proyecto de ley de prevención y lucha contra los incendios forestales, la pieza legislativa de la estrategia que la Xunta quiere poner en marcha para hacer frente a los fuegos. El PP se opuso a la ley a pesar de que el texto incorpora 32 enmiendas de su grupo, aceptadas durante el trámite de comisión, junto a otras 33 promovidas por socialistas y nacionalistas.

Castro justificó esta decisión en la negativa de los demás grupos a incorporar la palabra "extinción" al conjunto de la ley y en el empeño en basar la lucha contra el fuego en la limpieza del monte, algo que consideró una utopía. Y dedicó la mayor parte de su intervención, como es habitual siempre que el Parlamento debate algún asunto relacionado con los incendios, a descalificar la gestión del conselleiro y reclamar su dimisión. Esta vez citó una iniciativa del propio Suárez Canal en la que, en 1995, pedía la renuncia del titular de Agricultura, entonces el popular Tomás Pérez Vidal, al considerarle responsable de una cifra de hectáreas quemadas muy inferior a la del año pasado. Entonces, subrayó Castro, Suárez Canal condenaba al conselleiro por su "torpeza política, incapacidad de autocrítica y de resolver los problemas". "Somos muy benévolos cuando le pedimos que se vaya", aseguró.

Las portavoces del PSdeG y del BNG, Marisol Soneira y Tareixa Paz, subrayaron la trascendencia de que por primera vez la lucha contra el fuego tenga rango de ley y atribuyeron a una estrategia de partido la decisión del PP de votar en contra.