El Gobierno desarma el intento de Camps de parar la desaladora de Torrevieja

El Gobierno frenó ayer la estrategia de la Generalitat Valenciana de parar la desaladora que se construye en Torrevieja (Alicante), la mayor de Europa y una de las tres más grandes del mundo.

El Consejo de Ministros reaccionó a la amenaza lanzada el jueves por el Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, de que si la empresa pública Acuamed no interrumpe las obras de la planta pediría la paralización de las mismas en los tribunales. Por eso, y a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros decidió ayer elevar este conflicto ante el Constitucional, una decisión que se concretará la semana próxima y que "deja en suspenso cualquier medida que pueda tomar la Generalitat" sobre esta planta durante los cinco meses que tiene el alto tribunal para pronunciarse, según destacó en una nota el departamento que dirige Cristina Narbona.

El Gobierno aseguró que la Generalitat carece de competencias para paralizar las obras de esta desaladora y también subrayó que el proyecto cumple "con todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para garantizar que en ningún momento supondrá perjuicio alguno para el medio ambiente". Con esta iniciativa, el Ejecutivo respondía implícitamente a las denuncias realizadas el jueves por el consejero valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, sobre el "fuerte impacto ambiental" que la instalación provocará en la zona. El PP valenciano quiere bloquear la desaladora para no quedarse sin argumentos en defensa del derogado trasvase del Ebro.

El director general de Acuamed, Adrián Baltanás, considera que las declaraciones de González Pons disipan cualquier duda sobre la intención de la Generalitat, que no es otra que parar las obras. Baltanás lamentó que el consejero popular haya ido argumentando cosas distintas en los últimos meses. El responsable de Acuamed explicó que la planta es "fundamental" para Alicante y Murcia.

La desaladora producirá 80 hectómetros cúbicos al año, para abastecer a 2,3 millones de personas y a 65.000 agricultores. Por todo ello, resumió, "el Gobierno ha tomado la decisión de construir la planta". La Generalitat Valenciana evitó pronunciarse alegando que desconocía el acuerdo del Consejo de Ministros.