La Generalitat exigirá en abril al Gobierno el traspaso inmediato de 40 competencias

El Gobierno catalán será "exigente y riguroso" en el despliegue del Estatuto. Para demostrarlo, reclamará al Gobierno central, en la reunión de la Comisión Bilateral del próximo 16 de abril, el traspaso inmediato de 40 competencias previstas en la carta autonómica. Con este anuncio se presentó ayer ante el Parlament el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, quien defendió la "normalidad, seriedad y rigor" con que se viene aplicando el Estatuto tanto por la parte catalana como por la estatal. Saura se defendió así de las acusaciones de dejadez que le lanzó la oposición de CiU.

El nuevo Estatuto prevé, en opinión de Saura, el traspaso inmediato a la Generalitat de un total de 40 competencias en manos del Gobierno central. Esta cesión de competencias no requiere ninguna modificación legal, sino tan sólo un acuerdo entre ambas partes. Por ello, la Generalitat las reclamará al Estado en la próxima reunión de la Comisión Bilateral, prevista para el 16 de abril en Barcelona. Estas competencias afectan a Cultura, Economía, Educación y Universidades, Inmigración, Justicia, Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Transportes, Medios de Comunicación, Sanidad, Seguridad y Protección Civil, Seguridad Social y Trabajo.

Estas competencias no imposibilitan la reclamación de otras, más complejas desde el punto de vista administrativo, como la gestión del servicio de Cercanías de Renfe o del aeropuerto de El Prat. Saura invitó a todos los grupos parlamentarios, en especial a Convergència i Unió y al Partido Popular, que apoyen al Gobierno en estas demandas ante las evidentes dificultades, dijo, que presenta todo proceso de estas características.

Sea cual sea el resultado de esta negociación, el consejero ecosocialista se felicitó por la actitud del Gobierno central en el desarrollo estatutario que definió de "seria, rigurosa y siguiendo las previsiones establecidas". De este modo destacó la creación de la comisión bilateral marco y la de asuntos económicos y financieros, la modificación de la ley del Tribunal Constitucional para que las comunidades autónomas puedan nombrar magistrados, la ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, la del Consejo de Garantías Estatutarias y, próximamente, la del Gobierno catalán, la Carta de Derechos y Deberes, y la del Régimen jurídico de los convenios.

Saura se defendió de los ataques de la oposición con estos argumentos porque, en su opinión, "en tres meses del Gobierno de la Entesa no podían hacerse más cosas sobre el despliegue del Estatuto".

Frente a esta posición, el diputado nacionalista Francesc Homs acusó al Gobierno de falta de ambición en la defensa del autogobierno de Cataluña y sacó a colación el contenido de las alegaciones del abogado del Estado sobre el recurso del PP contra el Estatuto, la renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Dependencia estatal o la supuesta modificación del sistema educativo de inmersión lingüística. "Nos pide colaboración, pero a nosotros no nos encontrará ni haciendo el ridículo ni avalando porque sí todas las leyes del PSOE", le lanzó al consejero. Saura, por su parte, le reprochó que no secunde las acciones del Gobierno en la defensa del Estatuto y que los nacionalistas tacharan de "pardilla" la recusación contra el magistrado Jorge Rodríguez Zapata.

Saura apostó por seguir desplegando el Estatuto ante la petición del PP y de Ciutadans de paralizarlo hasta que se conozcan las sentencias del Tribunal Constitucional.

Otras medidas anunciadas por el consejero afectan a la aprobación de la ley de fosas comunes y desaparecidos, más indemnizaciones para presos políticos del franquismo o un paquete de iniciativas para fomentar la participación ciudadana.